Con la meta de evitar nuevas movilizaciones y despejar el frente judicial antes de las elecciones, la Casa Rosada explora subir partidas y modificar alícuotas de contribuciones patronales. Javier Milei fijó el equilibrio fiscal como límite infranqueable.
Luego de desactivar el conflicto por la reforma del sistema de Discapacidad, el Gobierno nacional reorientó su estrategia política hacia el sistema de educación superior. Con vistas al debate del Presupuesto 2027 en el Congreso, la Casa Rosada busca abrochar un acuerdo con los rectores para desactivar las protestas y reducir la litigiosidad sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
El objetivo central en Balcarce 50 pasa por llegar al verano sin focos de conflicto masivos abiertos en las calles y con el panorama despejado de cara al calendario electoral de 2027. «La idea es cerrar el tema Discapacidad y meter las partidas dentro del Presupuesto 2027», confió a este medio un funcionario de primera línea del Ejecutivo, quien consideró que el impacto fiscal de las concesiones en la Cámara de Diputados resulta manejable.
La brecha de $3,3 billones y las alternativas en carpeta
El margen de negociación parte de una distancia técnica de $3,3 billones: mientras el proyecto oficial de Presupuesto contempla unos $7,7 billones para el sistema universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó requerimientos por $11 billones. El Poder Ejecutivo descartó de plano convalidar esa última cifra, pero abrió la puerta a acordar un número intermedio.
«Hay opciones de negociación. Una es subir en un intermedio los fondos, entre lo que damos y lo que piden, y otra es llegar a un acuerdo por las contribuciones patronales de ARCA», precisó una alta fuente de la Casa Rosada.
Esa segunda vía contempla modificar la escala de alícuotas del régimen previsional (regulado por los decretos 1571/2010 y 645/2023). Al evitar que la tasa correspondiente a los subsistemas previsionales suba del 13,65% fijado en 2026 al 14,52% proyectado para 2027 en las casas de estudio con deudas regularizadas, el Gobierno ofrecería un alivio directo sobre los costos salariales sin aumentar la caja de transferencias directas.
Presión judicial y roces dentro del oficialismo
El frente judicial acelera las urgencias oficiales. Luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional la reglamentación que supeditó la Ley 27.795 a la asignación de recursos, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le otorgó al Ejecutivo margen de apelación y suspendió las astreintes diarias de $100.000 que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli. No obstante, en la mesa política reconocen que la disputa de fondo requiere una salida legislativa.
El giro pragmático ha generado fricciones internas entre los sectores más duros de la conducción libertaria, críticos del costo de las concesiones hechas en Discapacidad, tierras y morosidad. Ante estos cuestionamientos, cerca del Presidente enfatizan la restricción presupuestaria:
«Nuestro límite es el equilibrio fiscal. Esa es la línea que bajó el Presidente y la vamos a respetar», ratificó un funcionario nacional.
En el gabinete aceptan las limitaciones impuestas por el mapa parlamentario tras las recientes marchas federales y la presentación entregada por los rectores al papa León XIV. «Son temas en los que ya perdimos catorce a cero y tenemos que resolverlos», admitió un vocero de Balcarce 50, ratificando la decisión de acordar partidas y reencauzar la Ley de Financiamiento Universitario en el recinto.