El TOF N°5 encabeza la segunda audiencia del debate unificado por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. La Fiscalía sostiene que las firmas hoteleras e inmobiliarias sirvieron para canalizar retornos de la obra pública vial.
El Tribunal Oral Federal N°5 (TOF 5) retoma las audiencias en el marco del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se juzga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, bajo los cargos de asociación ilícita y lavado de activos.
El proceso está a cargo de los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, quienes unificaron ambos expedientes por disposición de la Cámara Federal de Casación Penal. Aunque los imputados contaron con la autorización para conectarse de manera virtual durante las primeras instancias, la presidencia del tribunal remarcó que se trata de un esquema «excepcional», por lo que deberán concurrir de forma presencial al momento de prestar declaración indagatoria.
El esquema acusado por la Fiscalía: retornos y roles en la estructura
Durante la lectura del documento de elevación a juicio, la Fiscalía detalló que las maniobras investigadas «habrían sido organizadas y desplegadas desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional» entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, con el propósito central de «sustraer y apropiarse de fondos públicos».
Según el dictamen del ministerio público, la presunta organización operó de forma estable y permanente mediante una división de tareas entre funcionarios y empresarios allegados, entre ellos Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa:
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Canalización y retornos: La acusación sostiene que «la asociación criminal investigada canalizó una porción de lo que era sustraído al Estado nacional a través de la obra pública vial mediante el pago de dádivas».
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Mecanismo de reciclaje: Los investigadores remarcaron que «los planes criminales no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de empresarios amigos», sino que posteriormente «elaboraron un sistema dedicado a transferir y disimular parte de las ganancias» hacia la familia Kirchner mediante préstamos, compras de inmuebles y alquileres de complejos hoteleros.
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Rol atribuido a Cristina Kirchner: La resolución judicial sostiene que la exmandataria «diseñó, ejecutó y directed» un esquema de «reciclaje de fondos de origen ilícito». Dentro de estas operaciones se incluye la conformación de la firma Los Sauces S.A. y la adquisición de bienes como el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.
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Imputación a Máximo Kirchner: El actual legislador de Unión por la Patria es señalado como presunto organizador de la maniobra, tras haber asumido la presidencia del directorio de la sociedad familiar.