El oficialismo negocia febrilmente para lograr dictamen este miércoles y llegar al recinto el 18 de noviembre.
En medio de una intensa carrera legislativa contra el reloj, La Libertad Avanza (LLA) redobló los esfuerzos políticos para alcanzar acuerdos decisivos con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados.
Negociaciones febriles y un esquema de trabajo a ritmo acelerado
La meta central de la bancada oficialista es lograr la firma del dictamen del proyecto de Presupuesto 2027 este próximo miércoles, de manera que la iniciativa quede lista para ser debatida y votada en el recinto el 18 de noviembre. La urgencia responde a que la primera quincena del mes entrante registrará una actividad marcadamente reducida en la Cámara baja, por lo que entre este lunes y martes se buscará cerrar el consenso sobre los artículos más controvertidos enviados por el Poder Ejecutivo.
Las conversaciones estratégicas en el ámbito parlamentario están lideradas por el presidente de la Cámara de Diputados,Martín Menem, el titular del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,Alberto «Bertie» Benegas Lynch.
De forma paralela, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, comanda las tratativas con los gobernadores provinciales de sectores aliados. El esquema fijado por Benegas Lynch contempla una última reunión informativa para el martes a las 11:00 con la presencia de funcionarios a confirmar, mientras que el debate formal para emitir el despacho final se fijó para el miércoles a las 14:00. Pese al optimismo oficialista, voceros de las bancadas dialoguistas admitieron estar con los tiempos muy ajustados para cerrar el texto definitivo.
Exigencias de los aliados, cajas provinciales y el «poroteo» para el quórum
La condición innegociable fijada por el Gobierno nacional es resguardar de forma estricta las metas fiscales, garantizando el superávit primario y el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, la oposición dialoguista —integrada por el PRO, la UCR, el MID y fuerzas provinciales— condiciona su apoyo a modificaciones presupuestarias clave.
Entre los reclamos prioritarios figura la derogación de los artículos 36 al 41 que modifican el régimen de discapacidad, la restitución de la actualización automática por inflación para las Asignaciones Universales por Hijo (AUH), por Embarazo y familiares, y el aumento de la partida para las universidades nacionales de $7,3 billones a los $11 billones exigidos por los rectores. Asimismo, reclaman reasignar fondos de la «jurisdicción 91» (Obligaciones a Cargo del Tesoro, que suma $14,9 billones), saldar deudas con 13 provincias con cajas jubilatorias propias y volcar recursos a la reparación de rutas y reactivación de obras públicas paralizadas.
Para lograr la aprobación parlamentaria, el oficialismo enfrenta una compleja matemática política. Al contar con una bancada propia de 95 diputados, requiere de forma indispensable reunir a 129 legisladores para garantizar el quórum y la votación favorable.
La estrategia diseñada consiste en abroquelar a sus 24 aliados directos (PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo) y sumar a los 9 representantes de Argentina Federal (Salta y Misiones), los 3 de Elijo Catamarca (Raúl Jalil), los 3 de Independencia (Osvaldo Jaldo) y un bloque de una decena de legisladores de Provincias Unidas vinculados a Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut. Las próximas horas resultarán decisivas para definir la ley de leyes de la gestión.