El diputado Guillermo Michel exigió un informe financiero y de gestión antes de marzo de 2027.
En el marco del avance del esquema de desestatización impulsado por el Gobierno nacional, el diputado Guillermo Michel presentó una solicitud formal ante la Auditoría General de la Nación (AGN) para llevar a cabo una auditoría integral sobre el proceso de privatización total de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
Pedido a la AGN, revisión de decretos y el rol del Congreso
El requerimiento estuvo dirigido de manera directa al presidente del organismo auditor, Juan Manuel Olmos, con el objetivo prioritario de incorporar dicha fiscalización dentro del Programa Operativo Anual 2026. La pretensión del legislador fija como fecha límite que el informe técnico final sea remitido a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación antes del 1° de marzo de 2027.
La presentación parlamentaria se fundamenta en los alcances del artículo 7° de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, normativa que declaró sujeta a privatización a la empresa prestadora del servicio de agua potable y saneamiento, junto a otros activos estatales.
En el escrito presentado, Michel fundamentó la necesidad del control institucional al advertir que el Poder Ejecutivo Nacional ya hizo uso de las facultades delegadas por la ley mediante la firma de decretos específicos, al tiempo que el Ministerio de Economía dictó resoluciones complementarias en la misma dirección.
Venta de acciones, controles impositivos y marco legal
El pedido de auditoría busca desmenuzar minuciosamente los aspectos patrimoniales y administrativos de la operación antes de concretar la salida del Estado del paquete accionario. «Solicito a esa Auditoría General de la Nación que resuelva incluir en el Programa Operativo Anual 2026 y dar inmediato inicio a una auditoría integral de gestión, financiera y de cumplimiento, del proceso de privatización total, bajo la modalidad de venta de la totalidad de acciones del Estado Nacional en AySA», fundamentó textualmente el diputado en su requerimiento institucional.
El representante parlamentario exigió además que el trabajo de fiscalización pública se desarrolle «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley N° 27.742». De esta manera, el trámite busca garantizar que la venta del 100% de la firma estatal cumpla con la transparencia de gestión, la revisión de estados contables y el debido resguardo de los fondos públicos durante la transferencia al sector privado.