La Justicia federal dio un nuevo paso en el entramado de la obra pública santacruceña al dictar seis condenas en el marco de la causa Vialidad II, el expediente desprendido del proceso principal en el que ya había sido sentenciada la expresidenta Cristina Kirchner.
En esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 homologó un acuerdo de juicio abreviado que alcanza al hijo del empresario Lázaro Báez y a antiguos cuadros técnicos del Estado.
Los seis implicados reconocieron su responsabilidad penal en los hechos investigados. Las penas individuales dictadas en este tramo oscilan entre los 2 años y 6 meses y los 3 años de prisión, tras un pacto sellado entre la fiscalía, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Penas unificadas y un decomiso multimillonario
La resolución lleva la firma del juez Andrés Fabián Basso y establece distintas escalas según los antecedentes de cada condenado:
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Martín Antonio Báez: Recibió una pena unificada con su condena previa por lavado de activos agravado, fijándose un total de 7 años y 9 meses de prisión.
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Julio Enrique Mendoza: Al igual que Báez, se le unificó la sanción con la causa de lavado de dinero, quedando en 5 años y 9 meses de cárcel, los cuales cumplirá bajo modalidad de prisión domiciliaria por razones de edad.
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Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti:Completan la lista de sentenciados en este expediente.
Además de las condenas privativas de la libertad, el magistrado ordenó un decomiso de bienes por la suma exacta de $684.990.350.139,86, cifra que deberá ser actualizada al momento de hacerse efectiva su ejecución.
El reparto de roles entre funcionarios y empresarios
A diferencia del primer juicio oral, que juzgó a las máximas autoridades políticas, este segundo tramo puso la lupa sobre los funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz, junto a directivos de las firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto.
Todos fueron hallados culpables de defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, referida a los contratos viales adjudicados en Santa Cruz entre 2003 y 2015. En su escrito, el juez Basso diferenció las responsabilidades:
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Coautores: Los exfuncionarios Alonso, Gregorutti y Passacantando, quienes “reunían la posición de administradores de los intereses pecuniarios afectados y quebrantaron los deberes que esa posición les imponía”.
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Partícipes necesarios: Los empresarios Báez, Butti y Mendoza, quienes “prestaron desde las empresas constructoras una cooperación sin la cual la maniobra no habría podido llevarse a cabo, a través de la presentación de ofertas, la suscripción de los contratos y su ejecución”.
El fallo se apoyó en la sentencia previa del caso principal, remarcando que los hechos juzgados forman parte de la misma maniobra ya acreditada. En sintonía, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron en su acusación que “se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”, advirtiendo que mediante una estricta división de roles y de forma sostenida, “sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular”.
Con esta homologación judicial, la causa suma nuevas responsabilidades firmes por el desvío de fondos viales en la Patagonia, dejando pendiente la millonaria recuperación de activos ordenada por el tribunal.