El canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno irá hasta las últimas consecuencias legales contra directivos británicos y reclamó al Reino Unido.
La defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur sumó un capítulo de máxima firmeza diplomática y judicial por parte del Gobierno nacional.
Malvinas: Quirno advirtió que Argentina puede iniciar acciones penales contra directivos de petroleras británicas
Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, lanzó una contundente advertencia contra las compañías extranjeras que pretenden avanzar con la extracción de hidrocarburos en las Islas Malvinas, asegurando que la República Argentina está en condiciones de iniciar acciones penales directas contra los directivos involucrados y que utilizará absolutamente todas las herramientas legales y diplomáticas disponibles para frenar dichos proyectos.
El funcionario apuntó con nombre y apellido contra las firmas responsables del proyecto petrolero Sea Lion, emplazado en un área marítima bajo disputa de soberanía con el Reino Unido.
«Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas», disparó Quirno de manera tajante. Al ser consultado sobre la viabilidad concreta de impulsar procesos judiciales contra personas físicas en los tribunales argentinos, su respuesta fue categórica: «Absolutamente, sí, absolutamente».
El titular del Palacio San Martín recordó que ambas firmas ya fueron sancionadas bajo el marco normativo local y enfatizó que la administración del presidente Javier Milei recurrirá tanto a la justicia interna como a los foros internacionales para impedir el saqueo de los recursos del archipiélago.
Estas definiciones cobraron mayor relevancia luego de que el diario británico The Guardian revelara que Buenos Aires ya notificó formalmente a los ejecutivos de Rockhopper Exploration sobre el riesgo de enfrentar causas penales, penas de prisión y severas multas económicas.
La presentación en Hamburgo, el rol de Chile y la base naval en Ushuaia
En paralelo a la ofensiva penal, Quirno defendió la presentación formal elevada ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, mediante la cual se solicitaron medidas provisionales urgentes para suspender toda actividad de explotación hidrocarburífera hasta tanto se conforme el tribunal arbitral que resolverá el fondo de la controversia.
El canciller explicó que la celeridad del reclamo responde a que el inicio de la extracción está proyectado para el primer trimestre de 2027, por lo que resulta imperioso frenar las operaciones antes de que comiencen. «Está claro que esto es una acción unilateral, está claro que el Reino Unido hace caso omiso a estas resoluciones», denunció respecto al incumplimiento británico de las disposiciones de Naciones Unidas que prohíben innovar en zonas en litigio.
Asimismo, aclaró que el planteo en Hamburgo no busca dirimir la cuestión de fondo de la soberanía —materia ajena a la jurisdicción de dicho tribunal—, sino proteger los recursos naturales, y reclamó que Londres acate un eventual fallo adverso en cumplimiento de las convenciones internacionales que suscribió.
En otro tramo de sus declaraciones, el canciller abordó la eventual reactivación de una ruta marítima entre Punta Arenas,Chile, y las Islas Malvinas. Precisó que, si bien rige un marco de libre circulación para embarcaciones, la legislación argentina exige autorizaciones específicas para los buques que transporten carga desde y hacia el archipiélago al tratarse de territorio nacional, expresando su expectativa de que Chile sostenga su histórico respaldo a la causa Malvinas y evite cualquier colaboración logística con la industria petrolera isleña.
Finalmente, Quirno enmarcó esta ofensiva judicial dentro de una estrategia geopolítica integral impulsada por Javier Milei, que contempla reformas legislativas y el desarrollo estratégico de una base naval integral en Ushuaia para consolidar la presencia y defensa de los intereses nacionales en el Atlántico Sur.