Cuando todo parecía indicar que el escándalo por la presunta criptoestafa había quedado definitivamente archivado en los tribunales federales, dos frentes judiciales mantienen abierto el suspenso.
A pesar de los recientes sobreseimientos dictados en favor del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas, la investigación por la causa $LIBRA todavía cuenta con mecanismos legales concretos para volver a activarse.
Tras la decisión del fiscal Eduardo Taiano de cerrar el expediente en tiempo récord, el futuro del caso quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá resolver tanto una ofensiva de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) como el reclamo de inversores damnificados que exigen volver a ser querellantes.
La ofensiva de la PIA y el durísimo cruce con el fiscal Taiano
El primer camino para reactivar el expediente proviene de la fiscalía especializada en hechos de corrupción, conducida por Sergio Rodríguez. El pasado 29 de octubre, el organismo presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 solicitando asumir el ejercicio de la acción penal y cuestionando con firmeza el sobreseimiento de los once imputados.
Para la PIA, el cierre de las actuaciones fue “prematuro”, dado que “la investigación del caso no se encuentra agotada”.En su presentación, advirtió que aún restan medidas de prueba fundamentales —como peritajes sobre dispositivos electrónicos, análisis de comunicaciones y la trazabilidad de las operaciones financieras— y señaló que los elementos reunidos hasta el momento exhiben “señales de una concertación defraudatoria”.
Lejos de aceptar el planteo, el fiscal Eduardo Taiano respondió el 11 de noviembre con un escrito de alto voltaje en el que ratificó los sobreseimientos y descalificó la intervención de Rodríguez.
Según sostuvo, la postura del titular de la PIA resulta “desacertada” porque no debió tener acceso a los detalles de la causa, afirmando que sus argumentos “están basados en afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”. Ante una eventual negativa de Martínez de Giorgi, la PIA ya dejó interpuesta una apelación subsidiaria para que intervenga la Cámara Federal.
El reclamo de los inversores apartados que buscan volver a querellar
La segunda llave para destrabar la pesquisa radica en el regreso de los damnificados que habían sido excluidos del proceso. Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, quienes perdieron su condición de querellantes por disposición del magistrado tras un planteo de Mauricio Novelli, señalado como uno de los creadores de la criptomoneda promocionada por el mandatario.
Luego de que sus defensas apelaran esa exclusión, el pasado 4 de noviembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió un recurso para revisar su apartamiento, avalando además una presentación similar impulsada por dos damnificados de origen bielorruso.
Si bien el fallo de Casación no implica una reincorporación automática, abre la puerta para que los afectados recuperen su rol en el expediente, apelen los sobreseimientos y reclamen nuevas diligencias probatorias.