La creciente preocupación por el impacto de fenómenos climáticos extremos en la provincia escaló formalmente al ámbito institucional.
El Poder Ejecutivo de Chubut, encabezado por el gobernador Ignacio Torres y acompañado por la firma del ministro de Gobierno Victoriano Eraso Parodi, ingresó a la Legislatura provincial el Proyecto de Ley N° 130/26, el cual busca declarar la emergencia meteorológica, preventiva y de infraestructura pluvioaluvional en todo el territorio chubutense frente a las alertas por el fenómeno conocido como el “Súper Niño”.
La iniciativa propone establecer un marco legal extraordinario con vigencia hasta el 30 de abril de 2027. Según el texto argumentativo de la norma, la frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos previstos amenazan con superar la capacidad operativa de la infraestructura urbana y vial actual, lo que genera un riesgo inminente de daños severos sobre viviendas, caminos, servicios básicos y la seguridad de la población.
Mapeo de obras prioritarias y compras de excepción
El eje central del proyecto radica en otorgarle al Estado provincial herramientas administrativas ágiles para acelerar los tiempos de respuesta. De ser aprobada por el cuerpo legislativo, la ley habilitará al Gobierno a aplicar procedimientos excepcionales de contratación y ejecución de obras públicas, omitiendo los plazos burocráticos habituales de las licitaciones tradicionales. No obstante, el articulado remarca que este régimen simplificado aplicará de manera estricta y exclusiva a bienes y servicios directamente vinculados a la mitigación de riesgos aluvionales e hídricos.
En materia de obra pública preventiva, la iniciativa fija una lista clara de prioridades dirigidas a evitar colapsos urbanos:
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Mantenimiento del sistema pluvial: Limpieza integral, desobstrucción, reparación y adecuación de canales de drenaje y desagües pluviales en los cascos urbanos.
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Defensas aluvionales: Construcción y refuerzo de obras de contención e ingeniería en zonas críticas expuestas a escorrentías.
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Infraestructura vial: Protección, bacheo profundo y consolidación de puentes, alcantarillas y rutas estratégicas para asegurar la conectividad entre las distintas localidades.
Un comité interministerial y esquema de asistencia social directa
Para coordinar la logística preventiva y evitar la duplicación de esfuerzos, la normativa contempla la creación del Comité Provincial de Prevención y Respuesta Meteorológica. Este organismo interministerial articulará con los municipios, identificando las áreas de mayor vulnerabilidad, monitoreando las alertas del clima en tiempo real e instruyendo los protocolos de respuesta inmediata.
A la par del frente de infraestructura, la ley aborda de forma directa la contención social ante eventuales temporales. El Ejecutivo quedará facultado para disponer de partidas inmediatas destinadas a la asistencia directa de familias damnificadas, garantizando provisión de alimentos, agua potable, centros de albergue temporal y esquemas de apoyo económico para la reconstrucción de viviendas afectadas.
Controles de transparencia y cláusula de prórroga
Frente al uso de mecanismos de contratación directa o simplificada, la norma incorpora una cláusula explícita de transparencia y rendición de cuentas pública. El articulado exige al Gobierno la publicación en un portal de acceso libre de todos los expedientes, montos comprometidos, empresas adjudicatarias y el porcentaje de avance físico de las obras ejecutadas bajo el amparo de la emergencia.
Finalmente, el marco normativo estipula una vigencia inicial hasta finales de abril de 2027, aunque deja abierta la potestad para que el Poder Ejecutivo pueda dictar una prórroga por un único período equivalente en caso de que los informes meteorológicos confirmen la continuidad de las inclemencias climáticas en la Patagonia.