La cruenta disputa judicial entre el empresario Fernando Álvarez Castellano y los trabajadores marítimos alcanzó un punto de no retorno.
El abogado Diego Martínez Zapata arremetió con dureza contra el titular de Conarpesa, tildando sus recientes declaraciones públicas como una «maniobra desesperada» para desacreditarlo. Durante un picante mano a mano concedido a FM Del Viento, el letrado dio por completamente rotas las mesas de negociación por los extensos litigios laborales que salpican a firmas como Conarpesa, Agropez y San Fernando, al tiempo que ratificó que acudirá a los tribunales civiles para demandar al empresario por daños y perjuicios a su honor.
Litigios históricos por el aguinaldo, sanciones por mala fe y barcos frenados
La contienda no es nueva: los reclamos por la liquidación incorrecta del Sueldo Anual Complementario (SAC) en personal embarcado de las flotas amarilla y fresquera se remontan a 2006, consolidando un fallo testigo provincial en 2007 contra Agropez. Las compañías acumulan un tendal de sentencias desfavorables, despidos y multas judiciales por conducta procesal temeraria o maliciosa. Estas sanciones —que imponen fuertes recargos en las tasas de interés— castigan la insistencia de las empresas en apelar sistemáticamente resoluciones judiciales firmes.
El impacto del conflicto paraliza la operatividad pesquera: Martínez Zapata confirmó que múltiples buques del grupo permanecen bajo estrictas interdicciones judiciales que les impiden hacerse a la mar hasta que se salden los pasivos pendientes. A esto se le suman severas denuncias por supuestas presiones, desembarcos forzados y guardias no remuneradas a los marineros que demandan, junto a reclamos por la falta de integración de aportes patronales y obra social de hasta diez meses de demora. Por estos incumplimientos, el letrado exigió astreintes de $100.000 diarios por expediente e impulsó presentaciones en la Justicia Federal por presunta retención indebida de aportes.
Negociación frustrada, querella personal y querella civil en marcha
El quiebre definitivo de las tratativas ocurrió tras un intento de acercamiento promovido por representantes de las pesqueras y su socio comercial WFCO. En una reunión de apenas 20 minutos concretada diez días atrás, Martínez Zapata planteó una propuesta integral para cerrar la totalidad de los juicios activos y los que contaban con recursos pendientes, excluyendo discusiones sobre quitas, honorarios o cuotas. Sin embargo, acusó a la contraparte de romper la buena fe al difundir versiones distorsionadas del encuentro, las cuales desmentirá mediante el registro de mensajes mantenido con los representantes legales del grupo económico.
En la antesala de nuevas acciones, el abogado trelewense anticipó que cerrará la vía del diálogo para que los expedientes sigan su curso natural en las salas laborales. Paralelamente, confirmó que tiene lista una demanda civil por daños y perjuicios contra Álvarez Castellano tras el envío de cartas documento, en la cual exigirá un resarcimiento económico, la publicación íntegra del fallo y una retractación pública por los dichos considerados difamatorios.