El deterioro extremo de las rutas nacionales en Chubut cruzó todos los límites éticos y políticos, transformando las trazas en verdaderas trampas mortales.
Frente a la inacción del Gobierno nacional y el riesgo permanente que enfrentan automovilistas, transportistas y turistas en arterias estratégicas como la Ruta 3 y la Ruta 25, la administración provincial resolvió romper el cerco burocrático de las competencias jurisdiccionales. Tras un entendimiento directo del gobernador Ignacio Torres con Nación, la provincia tomará las riendas para reparar las carreteras antes de que sigan cobrando vidas.
Un pacto político reservado y el diseño del rescate financiero
Detrás del anuncio público de Torres existía un consenso previo de alto nivel. El gobernador chubutense ya tenía encaminado el acuerdo político con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli. Pese a que desde la estructura técnica de Vialidad Nacional «refunfuñaron un poco», las objeciones quedaron relegadas frente a la urgencia territorial.
Para esquivar los límites jurídicos que impedían invertir fondos provinciales en trazas nacionales sin incurrir en malversación, se activó una ingeniería financiera conducida por el ministro de Infraestructura, Hernán Tórtola, y el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero. El esquema prevé que la Provincia ejecute las obras con recursos propios para luego compensar los montos contra acreencias que Nación mantiene con el distrito, un mecanismo similar al utilizado para destrabar la doble trocha Trelew-Puerto Madryn y diversos sectores de la Ruta 40. Este modelo expone un interrogante ineludible: si el financiamiento nacional terminaría apareciendo, resulta incomprensible la demora para reaccionar ante un estado vial calificado de criminal.
La reacción tardía en Pampa Salamanca y el reclamo ciudadano
El impacto político de la medida provincial tuvo una respuesta inmediata en el terreno. Tras hacerse público el reclamo de Chubut, las cuadrillas nacionales iniciaron tareas de bacheo de emergencia en el tramo más golpeado de la Ruta Nacional 3, en la zona de Pampa Salamanca. Aunque la intervención resulta insuficiente para resolver el colapso estructural de fondo, la maniobra demostró que la capacidad operativa existía y que la única carencia previa era la voluntad de gestión.
Este escenario deja al descubierto la grieta entre la agenda de la política —enfocada tempranamente en armados electorales y candidaturas para 2027— y la agenda real de los ciudadanos. A los conductores que sufren la rotura de neumáticos, destruyen la suspensión de sus vehículos o arriesgan la vida de sus familias no les importa la jurisdicción del asfalto. La intervención sobre la infraestructura vial busca cerrar una etapa donde la burocracia funcionó como excusa para la inacción, acelerando los procesos para devolver la seguridad a los caminos patagónicos.