El sector pyme respaldó la tregua fiscal del Gobierno, aunque advirtió que las deudas acumuladas y la caída del consumo ponen en riesgo miles de empleos.
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, valoró de manera positiva el anuncio realizado por el Gobierno Nacional —a través del ministro de Economía, Luis Caputo, en la 32ª Conferencia Industrial de la UIA— sobre la suspensión de embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027.
Alivio fiscal celebrado y la necesidad de conocer el alcance de la medida
La medida, que la entidad fabril venía reclamando formalmente desde el mes de agosto, representa una bocanada de oxígeno financiera para un sector asfixiado por la recesión. Rosato reconoció que la decisión otorga un respiro indispensable para innumerables industrias que atravesaban graves dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales en medio de la retracción de la actividad.
No obstante, desde la cúpula empresaria señalaron que resulta fundamental aguardar la letra chica de la normativa para precisar el alcance exacto del beneficio. En ese sentido, el titular de IPA planteó un interrogante clave sobre si la resolución gubernamental frenará únicamente las nuevas medidas cautelares o si también contemplará la delicada situación de aquellas fábricas que ya arrastran cuentas bancarias e inmuebles afectados por ejecuciones previas.
Radiografía de la crisis, capacidad ociosa y reclamo por financiamiento
Pese al beneplácito por la tregua impositiva, el dirigente industrial advirtió que la suspensión temporal de los embargos no resuelve por sí misma el problema estructural de fondo: «La suspensión puede darle tiempo a una empresa, pero no resuelve por sí sola las deudas acumuladas ni recupera sus ventas», enfatizó.
Por ello, exigió que la medida se complemente de manera urgente con planes de facilidades de pago que sean verdaderamente viables, líneas de financiamiento productivo accesibles y políticas activas orientadas a recuperar el mercado interno para reactivar la cadena de valor.
El reclamo gremial se fundamenta en los alarmantes datos difundidos por el último informe del Observatorio IPA. El estudio estadístico reveló que la industria manufacturera nacional opera actualmente con el 41,5% de su capacidad instalada ociosa, al tiempo que acumula una dolorosa pérdida de 108.522 puestos de trabajo formales desde diciembre de 2023, con registros consolidados hasta julio de 2026.
Para Rosato, semejantes indicadores demuestran con crudeza que la asfixia financiera de las pequeñas y medianas empresas es tan solo la consecuencia visible de una crisis productiva profunda que demanda respuestas estatales inmediatas y de carácter integral.