El Poder Ejecutivo conformó un dispositivo especial de defensa y seguridad con motivo de la visita del Santo Padre, quien permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre. La normativa faculta el uso de la fuerza ante potenciales agresiones de origen externo en Buenos Aires y Córdoba.
A través del Decreto 1334/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional anunció la implementación de un operativo especial de protección del espacio aéreo para resguardar la seguridad del papa León XIV durante su itinerario por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
La medida establece la ampliación de las reglas de empeñamiento aeroespacial en las jurisdicciones donde se desarrollará la agenda pontificia, justificando la necesidad de adecuar las atribuciones del instrumento militar frente a la congregación masiva de ciudadanos y la presencia de delegaciones internacionales.
Según especifica el texto oficial, el marco normativo regula la intensidad y la modalidad en el empleo de los medios de combate del Sistema de Defensa Aeroespacial frente a eventuales escenarios de agresión o amenazas contra los objetivos estratégicos nacionales.
Protocolo de actuación y delegación de facultades
El decreto delimita los alcances de la intervención militar diferenciando el origen de las eventuales incursiones:
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Incursiones internas: Las situaciones que involucren aeronaves de origen interno continuarán regidas por la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, que restringe el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas a casos excepcionales previa declaración del estado de sitio.
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Vectores externos hostiles: Se autoriza el uso de la fuerza para la interceptación, derribo o destrucción de vectores de origen externo —tales como aviones, drones u otros objetos aéreos— declarados como hostiles.
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Definición de acto hostil: Se considera como tal el ataque armado o la amenaza inminente de utilización del vector como arma contra la vida de las personas o sitios estratégicos, comprobado mediante el uso de armamento o la mantención de trayectorias y velocidades de ataque tras las advertencias previas.
Con el objetivo de agilizar la toma de decisiones operativas en situaciones de emergencia, el presidente Javier Milei delegó la autorización final para el empleo de la fuerza en el ministro de Defensa. El financiamiento del operativo se ejecutará mediante las partidas presupuestarias ordinarias de la cartera de Defensa, la Fuerza Aérea, el Ejército y el Estado Mayor Conjunto.
La normativa lleva las firmas del jefe de Estado; del jefe de Gabinete, Diego Santilli; y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.