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Esta mañana, los trabajadores del Astillero Río Santiago de Ensenada tenían una mesa técnica con autoridades del gobierno de Buenos Aires, pero a último momento fue suspendida.

Tras su caminata hacia la ciudad de La Plata, los trabajadores se dirigieron primero al Ministerio de Economía y, ante la falta de respuestas, a la Gobernación. Allí se apostaron esperando respuestas, pero sólo recibieron el chorro de agua de un camión hidrante.

Ese fue el inicio de una represión policial que duró varios minutos, y que incluyó gases lacrimógenos en los alrededores de la Plaza San Martín, en calle 7 y 50. El saldo es hasta el momento, cinco personas detenidas y un manifestante atropellado por un patrullero.

Los detenidos fueron identificados como Bilardo Denis Ruben, Romano Luis, Nievas Leonardo Daniel, Dubini Mauro Emilio y Villa Gustavo, todos quedaron a disposición del fiscal Marcelo Martini.

ATE emitió un escueto comunicado para denunciar que «la policía reprimió de manera injustificada con gases y golpes dejando como saldo varias personas heridas y detenidas». «Desde ATE Ensenada salimos a rechazar todo tipo de violencia y  exigimos que se termine con este tipo de represiones hacia los trabajadores», agregaron.

 

 

InfoCielo

El Ministerio de Trabajo de la Nación notificó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que le impondrá una multa de 221.652 pesos, a raíz de una supuesta violación de una conciliación obligatoria en el marco de un conflicto laboral en el organismo SENASA durante el año 2015. El gremio calificó la resolución de “arbitraria” e interpondrá un recurso de amparo.

A poco de iniciarse el conflicto, la cartera laboral dictó una conciliación obligatoria que no prosperó, debido a que no se llegó a un acuerdo entre las autoridades y la representación gremial. Pero luego, en cuanto los trabajadores y trabajadoras retomaron las medidas de fuerza, el Ministerio dictó una segunda resolución igual, facultad que no tiene.

“Se trata de una sanción ilegal porque se evidencia el intento de persecución y amedrentamiento hacia los trabajadores y, sobre todo, una forma de atentar contra el ejercicio del derecho a huelga”, sostuvo ATE en un comunicado.

A su vez, añadió que la manera en la que el Ministerio utilizaba esta figura legal no tenía nada que ver con resolver el conflicto entre las partes, sino que “lisa y llanamente impide que los trabajadores ejerciten su derecho”.

La desventaja, según el gremio, es que la cartera actuaba como juez y parte, debido a que siendo un conflicto desarrollado a instancias del Estado, no sólo no resolvía su problema como empleados, sino que además los sancionaba por manifestarse.

“Hay un ataque a la libertad sindical, especialmente a la posibilidad de recurrir a la medida de acción directa”, sostuvo ATE en relación a las multas millonarias que la cartera laboral ya facturó a Camioneros e intenta lo mismo con las y los docentes.

Al respecto, el secretario general del sindicato de estatales, Hugo “Cachorro” Godoy, indicó: “El gobierno se equivoca si piensa que con estas decisiones nos van a intimidar”, y convocó a una movilización frente al Ministerio de Trabajo para el próximo jueves. “No vamos a permitir la intervención de Triaca”, agregó.

Allanamiento

El mismo día del anuncio de Triaca, la jueza Estela Mollo ordenó un allanamiento en la seccional de ATE Avellaneda, en base a una causa que investiga licencias truchas. Según afirmó el gremio, buscaban sellos y certificados médicos, cosa que no encontraron porque la obra social se encuentra emplazada en otro edificio.

“Han hecho un allanamiento en nuestra seccional con motivos espurios, por supuestos certificados de licencias truchos, de lo cual no han encontrado nada irregular”, confirmaron desde el gremio.

Además, apuntaron contra la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por utilizar al Poder Judicial “como instrumento de apriete para acallar las voces del pueblo y de los gremios que los representan ante está política de ajuste y miseria”. Finalmente, la señalaron por “amedrentar a los trabajadores que pelean por sus derechos”.

Por su parte, Susana Ferreyra, secretaria general de la seccional, manifestó: “Estamos en la calle peleando contra un gobierno opresor y esto claramente tiene un trasfondo político”.

 

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