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Gobernadores peronistas y de partidos provinciales realizaron presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en forma separada, para que se declare inconstitucional el decreto presidencial que establece la reducción del IVA en productos de la canasta familiar y la suba del mínimo no imponible en ganancias.

Los mandatarios aspiran a que se realice una compensación por la pérdida de fondos en sus arcas ya que se trata, en el caso de IVA y ganancias, impuestos coparticipables, y pidieron que el dictado de una cautelar para que no se le retraigan recursos a las provincias de la coparticipación hasta que no se dicte un fallo de fondo

Estos planteos de unas 16 provincias se suman a los cuatro recursos que ya habían presentado La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz, contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

La decisión de intervenir sobre el costo de los combustibles se tomó en el marco de una batería de medidas diseñadas por el gobierno para moderar el impacto de la devaluación post PASO en la economía de los sectores medios y bajos.

Otra de las medidas de impacto inmediato fue la de eliminar el Impuesto al Valor Agregado, del 21 por ciento, a los alimentos de consumo básico pan, aceite, leche, pastas, yerba, arroz y azúcar.

Aunque en la Mesa de Entradas de «Juicios Originarios» de la Corte no pudieron brindar precisiones, debido «al cúmulo de tareas» que originaron las demandas «por separado», 16 provincias pidieron también el dictado de medidas cautelares para que se vean afectados sus fondos coparticipables.

Si bien los escritos ya fueron presentados ante el máximo tribunal, fuentes de las administraciones provinciales señalaron que Misiones, Neuquén y Río Negro estarían analizando desistir de la demanda para dar espacio a un posible acuerdo con el gobierno nacional.

Como lo hizo días atrás, la Corte enviará las demandas a la Procuración General de la Nación para que dictamine si los casos presentados por Formosa, Tierra del Fuego, Río Negro, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Santa Fe y San Juan son de su «competencia originaria».

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió «un esfuerzo compartido» a los gobernadores para «aliviar el bolsillo de la gente» y los instó a «buscar un diálogo y un acuerdo que le sirva a la sociedad», en cuento a los reclamos de los mandatarios provinciales ante la Corte Suprema de la Nación.

Así respondió la ministra en conferencia de prensa en la Casa Rosada, al término de la reunión de gabinete nacional, sobre las presentaciones judiciales de los gobernadores peronistas para que se declaren inconstitucionales los decretos que estableció Mauricio Macri para la reducción del IVA en productos de la canasta familiar, y la suba del mínimo no imponible en ganancias.

«En principio, nosotros creemos que es importante entender en este momento que todos tenemos que poner y hacer un esfuerzo para llegar con más posibilidades hacia la gente con la rebaja del IVA, con el tema del combustible, con la posibilidad de que se devuelva Ganancias», dijo. Así lo informó, Telefe Noticias.

Los mandatarios provinciales se reunieron desde las 11 hasta las 13 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas «no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales» y amenazaron con «ir a la Justicia» en tanto sigan en pie.

El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente de Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que «hemos acordado un documento común donde solicitamos al Gobierno Nacional que se retrotraigan las medidas anunciadas» y «ratificamos la importancia de que no disponga de las recursos que son de las provincias», así lo informó El Patagónico.

«Seguimos dispuestos al diálogo y queremos que los recursos de cada una de las provincias sea respetado por el gobierno nacional», dijo y advirtió que «si no tenemos respuesta de parte de las autoridades iremos a la Justicia».

«Si bien estamos supeditados a lo que plantea el gobierno, tenemos un plan de acción que tiene que ver con garantizar los derechos de las provincias porque tenemos la obligación institucional de preservar esos recursos», aseguró Urtubey.

Destacó que «a más tardar, la semana que viene, vamos a estar viendo cómo continuar».

El documento establece que los mandatarios provinciales «no» están «en contra de las medidas» pero que fueron resueltas «en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontarlas».

«Nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento», indica el texto.

Agrega que el Gobierno Nacional «no puede disponer inconstitucionalmente» de esos recursos y que las juridicciones están en «grave peligro de no poder afrontar los gastos corrientes» lo que amenazará con «la paz social» por las «malas políticas económicas y financieras de las que las provincias no tenemos ninguna responsabilidad».

Califican además de «arbitraria y perjudicial» las medidas y sostienen que dejan a las provincias al borde de una «crisis» que las obligaría a tomar acciones de tipo «excepcional» lo que «agravaría la situación del país».

Del encuentro participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Santa Fe, Miguel Lifschitz; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González, entre otros.

Por su parte, Passalacqua dijo: «No vinimos a patalear sino a buscar soluciones» y planteó también que la defensa de los recursos de los provincianos se produce porque sino «estaríamos incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos».

El gobernador de Río Negro dijo que «las regalías bajarían 1.000 millones de pesos de acá a fin de año por lo que seguramente vamos a pedir una compensación» y ratificó que Neuquén y Río Negro pidieron ante la justicia declarar «inconstitucional esta decisión» sobre el combustible.

En tanto, Lifschitz señaló que «las medidas son electoralistas y traerán algún alivio transitorio para la clase media y los trabajadores con el objetivo de mejorar el rendimiento del oficialismo. Se tomaron al calor de los resultados electorales sin medir las complicaciones que generan a las provincias».

La depreciación de los bonos y la suba del Riesgo País impactan en los papeles bancarios. El congelamiento de tarifas golpea a las energéticas.

En la Argentina no hay operatoria financiera este jueves por el feriado del Jueves Santo, pero en el exterior se negocian acciones y bonos con una tendencia definida a la baja.

El «castigo» para las valuaciones de activos domésticos no se corresponde a la tendencia general del mercado. El índice Dow Jones de Industriales avanza 0,3%, hasta los 26.541 puntos, no muy lejos del máximo histórico de 26.486 enteros del 3 de octubre pasado.

Las acciones argentinas que se negocian en las bolsas de Nueva York a través de los certificados ADR (sigla en inglés de American Depositary Receipt) operan con mayoría de pérdidas, con bajas en torno al 7% en dólares para los bancos, y entre 3 y 7 por ciento para las empresas ligadas al sector energético.

En el primer caso, el descenso de precios de los bonos soberanos, que integran buena parte de la cartera de los bancos, así como la extendida tenencia de Letras de Liquidez (LELIQ), pieza importante en el actual de modelo de negocios de las entidades, lleva a caídas contundentes de las valuaciones en dólares para Grupo Galicia (-7,9%), BBVA Francés (-7%), Banco Supervielle (-5,7%) y Banco Macro (-5,6%).

Para los títulos del sector energético, la ola vendedora tiene que ver con el anuncio de congelamiento de tarifas dispuesto hasta fin de año por el Gobierno nacional, con el objetivo de quitarle impulso a una inflación más alta que lo previsto en los cálculos oficiales. En un 54,7% anual, es la más elevada desde enero de 1992, mientras que el alza de 4,7% del mes de marzo anticipa un número próximo al 4% para abril.

Transportadora Gas del Sur, que ya había resignado 6% el miércoles, cede ahora otro 7,3 por ciento. Le siguen Pampa Energía (-4,4%), Edenor (-3,5%) y Central Puerto (-0,8%).

Para Eduardo Fernández, analista de Rava Bursátil, el paquete que lanzó el Gobierno para bajar la inflación y reactivar el consumo «es solo un paliativo para el corto plazo (…) Es que para el mediano plazo, existen muchas dudas acerca de la viabilidad de estas medida».

 

Infobae