Los incendios comenzaron el 15 de febrero en Cholila, localidad ubicada en la provincia de Chubut.  Al día de hoy todavía quedan algunos focos en actividad y las cifras superan las 30.000 hectáreas de bosque nativo consumido por las llamas, con la consiguiente pérdida de las especies que allí habitan y las terribles consecuencias ambientales. Desidia política y negocios inmobiliarios en el foco.

Las autoridades chubutenses calculan que la recuperación de los bosques demorará unos 100 años. Teniendo en cuenta que los bosques controlan el régimen de humedad, brindan el oxígeno esencial para la vida, evitan la erosión del suelo y mejoran la calidad del aire, entre otros beneficios, son muchas y graves las consecuencias de su desaparición, considerando,  entre las más importantes, las inundaciones.

Para comprender lo sucedido y profundizar en lo que para algunos representa la “crónica de una muerte anunciada”, dialogamos con el Jefe del Departamento Forestal de Trevellin, Pablo Leonardo Delgado, quien se encuentra desplazado de sus funciones por el actual subsecretario. Delgado se desempeñó como subsecretario de Bosques durante el período que va entre junio del 2012 a diciembre del 2013, cuando fue removido junto a su equipo por el gobernador Martín Buzzi.

También incorporamos dos testimonios de pobladores de la zona, quienes desde diferentes localidades y puntos de vista, apuntan al negocio inmobiliario y al abandono político como las principales causas.

Julio Crespo Campos vive en el lago Lezana, es propietario de un campo de 416 hectáreas clasificado desde el año 2005 con la categoría de Refugio de Vida Silvestre dentro del  Plan de Protección de Árboles por las especies centenarias que allí habitan: bosques de cipreses, lengas, ñires, lengas achaparradas. También está dentro del plan de protección de huemul, pumas, gatos Williams y manadas de caballos. Debido a los incendios se quemó el 50 por cientodel mismo, desde la zona que va del río Pedregoso hasta la punta del cerro Cholila.

Darío fernandez es un poblador de la localidad de Cholila quien viene denunciando hace tiempo el “negocio verde” del ex gobernador Mario Das Neves.

 El 16 de febrero comenzaron los incendios. Lo primero que trascendió fue que la causa habría sido un rayo que cayó el 3 de febrero y que por un fenómeno particular habría quedado la electricidad en la tierra durante diez días hasta que prendió el fuego.

Dicha hipótesis fue rechaza tanto por especialistas como por los pobladores de la zona. Consultado por Infobae, el Doctor en Ecología Forestal Thomas Kitzberger  explicó que“sería raro que se haya mantenido en un estadio tan suprimido durante tanto tiempo”. Por su parte en declaraciones a la radio comunitaria Kaleuche, de la ciudad de Esquel, el poblador Julio Crespo Campos expresó: “No hemos visto ningún rayo. El 3 de febrero ha habido distintas turbulencias pero ningún rayo. Y esto de que cayó y quedó la electricidad, yo debería devolver el título de Ingeniero Agrónomo y decir que la universidad no me enseñó nada”.

Para Campos “éste fue un incendio intencional vinculado a negocios inmobiliarios. La mitad de tierras no tienen títulos, son títulos precarios. A los pobladores se los aprieta muy mal desde el nivel de las autoridades. Por ejemplo si tienen 1000 hectáreas les ofrecen darle el titulo por 20 para que vendan las otras 80”.

Y explicó cómo funciona :“Los bosques son propiedad de la provincia y ella no las da en comodato para que la cuidemos, ejerciendo control sobre el cumplimiento. Una vez que se prenden fuego la provincia pierde el control, porque las tierras sí están escrituradas en nombre de un particular. Es conveniente para el privado que se le haya prendido porque la provincia no tiene más control ecológico. Y como esto beneficia, dentro de unos meses van a aparecer los aserraderos a cortar las barras de los árboles que han quedado, como ocurrió en El Hoyo”.  

Comparte este razonamiento el gobernador de Chubut Martín Buzzi quien calificó como “muy sospechoso lo que pasó en el cordón Currumahuida, donde se quemó al lado del incendio anterior y ahí no hay duda que se está ante un negocio inmobiliario”. “Deben acordarse que el propietario del suelo es dueño de la tierra pero no del ‘vuelo’ del árbol, que es patrimonio provincial y, como saben que están protegidos, la única forma que tienen de edificar allí es hacerlo desaparecer: el resto es para sacar conclusiones”.

Si bien esto no debería ser posible ya que La ley de Protección de Bosques determina como única opción frente a la pérdida de zonas con bosques nativos la recuperación de los mismos, muchas veces esto no se cumple. Son muchas las denuncias y las pruebas que lo confirman.

Para el ex Secretario de Bosques Pablo Delgado en este incendio “hubo una falta de previsión y de responsabilidad infernal. Ya en la primavera estaba previsto y anunciado que iba a ser un verano sequísimo. Sumado a la carga de combustible de la caña colihue, que floreció masivamente en el 2012 (lo hace cada 50-60 años). Había una peligrosidad de incendios que era el máximo de la historia y no se tomó ninguna prevención, no hicieron nada”.

En la misma línea el Doctor en Ecología Forestal Thomas Kitzberger, consideró que son muchos los factores que colaboraron para la magnitud del incendio. “Una sequía muy pronunciada en la región, la presencia de caña colihue florecida, que al secarse se convierte en un combustible que propaga el fuego; la falta de un ataque inicial, según lo denunciado por pobladores de la zona, algo que resulta clave para mitigar los efectos, y por último, que se trate de una zona de muy difícil acceso”.  

Cuando el fuego ya había devorado más de 20.ooo hectáreas el actual Secretario General de la Presidencia de la Nación, Aníbal Fernández se hizo presente en las zonas afectadas y desplazó por “inoperante” al coordinador del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Jorge Barrionuevo. Garantizó más recursos y la movilización de rescatistas y confirmó además que “se dispondrán todos los recursos necesarios y las inversiones necesarias para que no quede ningún hueco sin cubrir”.

¿Quién es Jorge Barrionuevo?

Barrionuevo es un miembro retirado de la Fuerza Aérea, piloto de Malvinas, amigo de Jorge Capitanich, quien lo puso al frente del Plan Nacional de Manejo del Fuego desplazando a Fernando Epele, un histórico de la prevención y supresión de incendio forestales, creador del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut, y posteriormente co-creador del Plan Nacional de Manejo del Fuego, autor de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Lucha contra Incendios Forestales promulgada en el 2013. Epele había quedado de segundo y ahora lo volvieron a poner en su lugar.

Para el ex Secretario de Bosques Pablo Delgado  “a Barrionuevo lo utilizaron de chivo expiatorio, son muchos los responsables y dos en particular, el gobernador por ser la autoridad máxima de la provincia y el subsecretario de bosques por ser el máximo responsable de la autoridad de aplicación en lo concerniente al área”. Y continúo: “Las responsabilidades se diluyen adrede y muchos actores, muchos voceros y ahora anuncios del Gobernador de que va a hacer lo que se debió hacer hace años y no quiso, y que tampoco creo vaya a hacer, va a quedar en un decreto, una expresión de deseos que son los deseos de la gente: esclarecimiento, freno al negocio inmobiliario, restauración, etc. Hacen que hacen y no hacen, puro anuncio de campaña”.

Por su parte para el poblador del lago Lezana Campos, el despido de Barrionuevo “es una medida política que no sirve para nada. Acá no hubo prevención, no hicieron caminos, no hicieron cortafuegos. Esto se podría haber prevenido, no evitado. Argentina no tiene aviones hidrantes, estos avioncitos son fumigadores adaptados que no sirven para nada, el helicóptero es una bolsa chica. Los brigadistas de Cholila no tienen equipamientos, motosierras, equipos ignífugos, los borceguíes son malos y se les desprenden las suelas de los zapatos cuando tocan las cenizas calientes. Muchos andan en zapatillas porque no tienen borceguíes. Los mismos choferes de los equipos que deberían estar conduciendo, como falta personal van a la línea de fuego, los handi son viejos y se quedan sin carga a la mitad del día. Esas cosas no se arreglan despidiendo al director general. Ninguna autoridad, ni el gobernador Buzzi, ni Aníbal Fernández  ni  la presidenta se han ocupado para que no suceda esto”.

Por toda esta situación de falta de equipamientos- continúa- “es mentira lo que dicen las autoridades que no está en riesgo la vida de los brigadistas. Hay zonas en que se han hecho remolinos de fuego y viento y los han levantado. No han muerto de suerte. Está completamente en peligro su vida. El fuego corre entre los valles chiquitos y es imposible pararlo. Es imposible apagarlo humanamente”.

La ley de Presupuestos Mínimos Ambientales para la Protección de Bosques Nativos 26.331 (Ley Bonasso), sancionada en el 2007 por el Congreso Nacional y puesta en práctica en el 2010, obligó a las provincias a realizar un ordenamiento territorial para poder adherir y acceder a sus beneficios.

El ordenamiento territorial implica que al bosque se lo divide en tres zonas según la importancia de conservación. Zona color rojo es de alta conservación, donde se ubicarían las cuencas. Se halla a los 900 metros hacia arriba; Zona amarilla serían zonas de uso sustentable lo que significa que se puede hacer uso ganadero agrícola pero sin sacar el bosque ni aumentar la presión sobre él; y la Zona verde es en la que se prevé hacia donde crece la urbanización o para uso agrícola-industrial.

Los beneficios de la Ley de Bosques eran del 0,6 por ciento del presupuesto nacional. El 30 iría a las instituciones para la fiscalización y control, y el 70 para los productores que presentaran proyectos de conservación.

El ex Secretario de Bosques explicó que “finalmente los  beneficios terminaron tergiversándose. De lo que estipulaba la ley terminó siendo la mitad para financiar el programa Fútbol para Todos”.

Esta información surgió de un informe que realizó la Dirección de Bosques de la Nación. En los últimos cuatro años el Gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por 9.900 millones de pesos en el marco de lo que determina la Ley de Bosques. Pero apenas pagó 1.010 millones. Parte de ese monto lo utilizó para financiar el programa “Fútbol para Todos”.

Esta situación comenzó a ser investigada por la jueza María Servini de Cubría.

Otra de las irregularidades del OTBN fue que no se hizo en los términos que debía hacerse  ya que no realizó una consulta previa. Si bien las comunidades originaria lo denunciaron  apelando al artículo 169 de la OIT, por el apuro de la ex Dirección de Bosques y Parques, que ahora es Subsecretaría, de adherir a la ley y acceder a los beneficios,  entró igual  a la legislatura.

La ley determina que a los 5 años de aprobado, en el 2015, debería presentarse la revisión del ordenamiento.

“En una de las principales zonas que se incendió, en El Tigre y Lago Esperanza, el dueño de Techint, Paolo Rocca, está tratando de sacar el título de propiedad sobre 20.000 hectáreas de campos que fue comprando a viejos pobladores, a través de testaferros que van comprando los derechos de ocupación, ya que son tierras fiscales. Las juntó en un solo bloque, las paso a su nombre y ahora quiere el título de propiedad. El problema es que está en zona roja. Dentro de la mesura que presenta esta gente entran glaciares, altas cumbres, espejos y cursos de agua y bosques milenarios” manifestó el ex subsecretario.

La situación está denunciada en fiscalía de estado. El informe que hizo la Subsecretaría de Bosques en el momento que desarrollaba su cargo de Subsecretario Pablo Delgado, estipulaba que de las 20.000 hectáreas sólo podía obtener el título de 4oo. Este es un tema que se desconoce ya que solo lo maneja el gobierno.

El negocio verde

Darío Fernández, poblador de Cholila, hace tiempo que denuncia el entramado que hay detrás de la venta de la tierra, donde sus principales beneficiarios son los propios gobernantes quienes de la mano de testaferros se apropian de la tierra, o la venden, violando las zonas que reglamenta el ordenamiento territorial.

“El mayor desastre que ha vivido Cholila en su historia también sacó a la luz el “Negocio Verde” que es el que habilitó el ex Gobernador Mario Das Neves en su gestión, violando la constitución provincial y a tiro de decreto entregó miles y miles de hectáreas de tierras fiscales con bosques nativos que al poco de ser “entregadas” son incorporadas al mercado inmobiliario en donde se lotean para “Countrys Privados”, indicó.

Y continúo denunciando que “es tanto el poder del “Negocio Verde” que en el incendio de Cholila algunos están preocupados por proteger el “Proyecto San Esteban”, de Jorge O´Reilly, socio de Sergio Massa. Este campo fiscal con bosque nativo en la cabecera del Lago Cholila lo adquirió el doctor Hugo Sigman en 2004 a través de la gestión de Das Neves con una simple resolución del IAC”

Los materiales adjuntos son copia de la resolución n° 227 firmada por Carlos Marilak, Secretario General del IAC y Víctor Delgado Interventor de ese organismo, que le posibilito adquirir a Hugo Sigman unas 745 hectáreas.

Para Fernández, “con la mente del “Negocio Verde” podemos decir que es necesario terminar con el bosque nativo para desmontarlo gratuitamente y no gastar millones de pesos en topadoras. Con el fuego en una semana se consumirán más de 10.000 hectáreas tapando las talas ilegales de bosques nativos que jamás se podrán constatar con este siniestro. Construcciones no declaradas de mansiones en las profundidades de El Tigre, construcciones que se llevaron adelante con obreros no registrados legalmente”.

Cristían y Genaro Calfullanca, padre e hijo eran pobladores originarios  que estaban a punto de ir a declarar por un litigio de tierras muy importante, en la misma zona de los incendios, y desaparecieron sin que se sepa nada hasta la fecha sobre su paradero.

“Quieren que la gente tenga miedo y salga. Hay muchos pobladores que ya no quieren trabajar en esa zona por las quemas, los robos de animales y otras presiones para que se vayan de los campos, expresó Darío Fernández.

La legisladora Nancy Susana González presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una denuncia detallando las consecuencias que tiene para los bosques nativos el decreto 268.

Compartimos los puntos fundamentales:  

El 10 de marzo del 2011 el poder ejecutivo de la provincia del Chubut dictó el decreto N° 268, el cual, basándose en “la necesidad de reglamentar claramente los ámbitos de aplicación de las prescripciones constitucionales referidas a la autonomía política, administrativa, y financiera que la Carta Magna provincial” otorga a las municipalidades en sus respectivos ejidos y “la que corresponde a la autoridad forestal en relación al aprovechamiento y ampliación de los recursos maderables existentes dentro de los mismos”, procede a derogar los artículos 4° y 7° del Decreto N° 712/04, y los Decretos 74/05 y 1530/05 en su totalidad.

El artículo 2° del Decreto 712/04 resultaba de vital importancia dentro del sistema de protección legal que tenían los bosques nativos en la provincia, ya que mediante esta norma, se definía claramente el concepto mismo de bosque nativo. A su vez, el artículo 7° de la mencionada norma establecía que previo a la adjudicación en venta de tierras fiscales, la Dirección General de Bosques y Parques debía proceder a deslindar las superficies que posean Bosque Nativo, y que toda intervención en el mismo debía contar con la autorización previa de la Dirección General de Bosques y Parques de la provincia.

Por su parte, el Decreto provincial N° 1530 del año 2005, que también ha quedado derogado en su totalidad por el Decreto 268/11, establecía cuáles eran las áreas que quedaban reservadas a la Dirección General de Bosques y Parques. Se trataba, nada más y nada menos que un total aproximado de siete mil ochocientas treinta y cinco (7.835) hectáreas de bosques nativos dignos de ser protegidos con todo el rigor de la ley.

Así las cosas, bajo el pretexto de que lo concerniente a “la ocupación del suelo, a los pobladores del bosque, a la regulación del uso de recursos naturales o exóticos, el turismo en el bosque y, en síntesis al planeamiento y proyección del desarrollo” debe ser una función propia de cada municipalidad, se ha dejado a los bosques nativos sin ningún tipo de protección legal frente a la voracidad de las empresas multinacionales extranjeras que están a la espera de medidas como ésta, para tomar posesión de lo que en realidad nos pertenece, no sólo a los chubutenses sino a todos los argentinos.

El Decreto provincial N° 268/11 también va estade la Constitución Nacional que en su artículo 41 establece el derecho a un ambiente sano y equilibrado; y el deber de preservarlo.

La medida dictada por el gobierno chubutense, forma parte de un proceso que viene dándose en la provincia del Chubut desde el año 2005 y que se caracteriza por la decisión de facilitar, profundizar y estimular la transferencia de tierras fiscales a manos privadas, con la consecuente pérdida del recurso natural que esto implica, finalizó la denuncia de González.

Un desastre de tamaña magnitud, con consecuencias tremendas para el medio ambiente, los habitantes e incluso la proyección de generaciones futuras, requiere la acción con responsabilidad de los gobernantes para esclarecer las verdaderas causas de los incendios y que no quede en un “desastre natural”. Sobran las citas mediáticas que desfilaron durante estos 20 días de incendio, con promesas de investigaciones.

Pero el descubrimiento no revierte la situación, este es un genocidio ambiental y debe ser abordado de tal forma.

Fuente 8300 Web.