Un histórico litigio de tierras en la zona de Mari Menuco ha derivado en una batalla financiera sin precedentes
La comunidad mapuche Lof Kaxipayiñ inició una demanda contra el Club Mari Menuco y la Provincia del Neuquén por la suma de $12.827 millones (más de 9 millones de dólares), reclamando daños y perjuicios derivados de un proceso judicial que se extendió por casi una década.
El origen: Multas, embargos y YPF
El eje de la disputa no es hoy la titularidad de las 200 hectáreas en juego —relevadas oficialmente en 2023—, sino las consecuencias económicas de una medida cautelar dictada en 2017. En aquel entonces, la justicia impuso multas diarias (astreintes) a la comunidad por supuestos incumplimientos.
Estas multas derivaron en:
- Embargos bancarios: Medidas que afectaron la subsistencia de 33 familias, especialmente durante la pandemia.
- Afectación de regalías: Se cursaron oficios a YPF para retener ingresos provenientes de contratos de servidumbre petrolera que pertenecían a la comunidad.
- Daño moral y lucro cesante: La Lof Kaxipayiñ sostiene que el sistema judicial actuó de forma irregular al mantener las medidas incluso después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ordenara levantarlas.
El giro judicial: ¿Responsabilidad del Estado?
La causa ha tomado un nuevo rumbo institucional. El fiscal jefe Pablo Vignaroli emitió un dictamen solicitando que el expediente pase del fuero Civil al Contencioso-Administrativo.
Según el análisis de la fiscalía, el reclamo apunta ahora a la responsabilidad del Estado por el funcionamiento del servicio de Justicia. De aceptarse este pase, el juicio cambiará sus reglas procesales, lo que podría dilatar o redefinir cómo la Provincia deberá responder ante semejante cifra millonaria.
Un reclamo con efecto dominó
Desde la comunidad aseguran que los embargos se mantuvieron indebidamente hasta abril de 2025, a pesar de fallos previos a su favor. Según LA17, este desfasaje temporal es el que hoy alimenta el monto de la demanda, que incluye intereses y actualizaciones. Para la administración neuquina, el caso representa un «fantasma» económico que pone en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas previstas para el cierre del año.