COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – El fiscal de Estado, Miguel Montoya, se refirió este lunes a las declaraciones del ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré el pasado vienes en el Juzgado Federal ante el fiscal Guillermo Marijuán por la causa que investiga la anticipada renegociación de Cerro Dragón y un presunto pago de sobornos en su negociación durante la gestión de Mario Das Neves. “La declaración de Cufré tiene un valor importante desde el punto de vista de aclaraciones de conceptos y términos tanto para Guillermo Marijuan como para quienes no somos expertos en petróleo”, dijo y agregó que “hubo alguna irregularidad» durante el gobierno de Mario Das Neves al «no hacer cosas tan importantes con una concesión de área petrolera en base a leyes y no a un convenio que tiene características de tener la letra de la operadora y no del Estado. No hubo seriedad en el trabajo de las áreas específicas ni en el abordaje legal en la Fiscalía de Estado que en ese momento conducía (Mariano) Miquelarena”.
“La declaración de Cufré tiene un valor importante desde el punto de vista de aclaraciones de conceptos y términos tanto para Guillermo Marijuan como para quienes no somos expertos en petróleo. Cuando se burla el tema de las tres áreas que fueron transferidas a PAE y luego las devuelve al Estado en forma gratuita, hace un desarrollo de la aplicación de la normativa. Cuando esas áreas fueron sacadas a licitación se pone a disposición de los oferentes toda la información histórica de esas áreas, en esas YPF había perforado tres pozos de estudio, de los cuales no había vestigios importantes de petróleo que le dieran relevancia, por eso son denominadas de riesgo”, señaló Montoya.
En diálogo con La Cien Punto Uno, Montoya explicó que “la empresa que tuvo a cargo por un tiempo la exploración realizó un pozo sin hallazgos importantes de petróleo, cuando PAE las adquiere presenta a Petrominera (la autoridad en ese momento) una minuta decesión de dichas áreas y extrañamente en una no aparece el monto, el importe por el cual se ceden esas áreas”. Este marco “tiene dos situaciones importantes: una es la situación de saber que aquel que tuvo un área de exploración con una propuesta de inversión que no se cumplió porque si uno analiza, ni siquiera el canon de superficie se pagó y solo se hizo un pozo que ronda entre un millón y dos millón de dólares”.
“PAE en una de las pregunta dice haber invertido 15 millones de dólares y Cufré contestó que si bien no contaba con la documentación en mano, la inversión ronda el 10% con un simple recuento, es decir un millón y medio o dos millones de dólares, porque se realizó un solo pozo que El Pedregoso”, contó. Dijo que “de todo esto nunca hubo vestigios importantes de petróleo, y la pegunta es por qué la compro cara y por qué la devolvió al termino del periodo de exploración que son nueve años. Esto si bien no dice nada respecto a la posibilidad de que este sea un dinero que se haya usado para otra cosa, si deja una suspicacia de que alguien que trabaja en esto hace años, no comete este tipo de errores”.
Sobre la audiencia, el ministro aclaró que “PAE es el denunciado y puede preguntar, no puede opinar, todos en la causa pueden preguntar. Nosotros hemos puesto a disposición la documentación y la exposición del ministro Cufré. El fiscal Marijuan y el abogado de PAE preguntaron y repreguntaron por eso demoró bastante.
Aseguró que “se hizo una serie de preguntas capciosas como cuántas áreas exploratorias se revirtieron; Cufré explicó que todas, porque todas la áreas que se entregan en exploración son permisos de exploración por un periodo de nueve años, en esos años se hace la exploración y revierte el 50% porque si no se tiene que pagan el canon de superficie”. Agregó que “se hace un trabajo que abarca todo el área y cuando se totaliza la mitad del área, se guarda la información obtenida y revierte a favor del Estado esa mitad, con excepción de se encuentre petróleo, entonces ese permiso de exploración se convierte en permiso de explotación”.
Montoya aseguró que “cuando en 2006 se sanciona la ley corta que le da la potestad del dominio sobre el subsuelo a las provincias, la ley decía que así como se traspasaba la titular de dominio, la secretaria de Energía tenía que replicar a cada provincia hidrocarurífera toda la información que consta y daba un lapso de 180 días y partir de ahí uno tiene que tener la impronta política de hacer un marco regulatorio por el cual pasaban las próximas concesiones de áreas, acá se hizo antes de los 180 días”.
Finalmente, consultado si en esta negociación hubo alguna irregularidad dijo que “lo irregular es que siendo el responsable político de un Estado (en ese momento Das Neves) no haga cosas tan importantes con una concesión de área petrolera en base a leyes y no a un convenio que tiene características de tener la letra de la operadora y no del Estado. No hubo seriedad en el trabajo de las áreas específicas ni el abordaje legal en la Fiscalía de Estado que en ese momento conducía Miquelarena”.
