El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley para erradicar los teléfonos móviles de penales y comisarías.
La iniciativa establece un sistema de telefonía fija con turnos, contactos previamente autorizados y un mensaje institucional al inicio de cada llamada para alertar al receptor que la comunicación proviene de una cárcel. Se instalarán inhibidores de señal y se endurecen las sanciones para el personal que facilite los dispositivos.
El Gobierno provincial busca terminar con los engaños telefónicos y la coordinación de delitos a distancia. Para lograrlo, el Poder Ejecutivo presentó el 16 de marzo en la Legislatura el proyecto de ley 017/26. La iniciativa propone erradicar de forma definitiva los dispositivos móviles de las cárceles y comisarías de Chubut. La letra chica del documento detalla un cambio rotundo en la forma en que los internos podrán contactarse con el exterior y establece un sistema institucional rígidamente controlado.
El diagnóstico: celulares, el principal vector de delitos desde el encierro
En su exposición de motivos, el proyecto advierte que los celulares se consolidaron como uno de los principales «vectores para la comisión, coordinación y continuidad de delitos desde el encierro«. El texto subraya que estas prácticas clandestinas generan un impacto directo sobre la seguridad pública y la integridad de las víctimas. Por este motivo, queda expresamente prohibido el ingreso, tenencia y ocultamiento de cualquier equipo portátil con conectividad, así como de sus componentes o chips.
Teléfonos fijos y restricciones tecnológicas
Al eliminar los teléfonos personales, el Estado tiene la obligación de garantizar la comunicación de los detenidos con sus familias y defensores. Cada establecimiento penitenciario deberá disponer de un sistema de telefonía mediante líneas fijas o tecnología VoIP. El acceso a estos equipos no será libre. Se instrumentará un esquema de turnos y horarios precisos para asegurar un uso ordenado. Además, las terminales operarán en modo «solo voz«. Las autoridades deberán bloquear técnicamente la posibilidad de navegar por internet, enviar correos electrónicos, realizar videollamadas o utilizar redes sociales.
Contactos aprobados y un mensaje de alerta
El punto central para desarmar el circuito de extorsiones radica en el control de los destinatarios. Los reclusos no podrán marcar números al azar. El documento establece que las llamadas se realizarán únicamente hacia teléfonos «previamente autorizados«. Los detenidos tendrán que informar con antelación a quién desean llamar para que el servicio penitenciario incorpore esos contactos a un registro oficial. Las instituciones llevarán un detalle de la fecha, la duración, la terminal utilizada y el interno que efectúa el contacto.
Otra medida preventiva clave apunta a proteger a la comunidad. Al inicio de cada llamada se podrá implementar un mensaje institucional pregrabado. Esta grabación informará al receptor que la comunicación se origina en un establecimiento de detención. De esta manera, cualquier persona sabrá desde el primer segundo el origen del contacto y podrá cortar o evitar posibles engaños.
Castigos severos e inhibidores de señal
La ley también contempla herramientas técnicas y endurece las sanciones internas. Se autoriza la instalación de soluciones para impedir las comunicaciones clandestinas en los pabellones, como los inhibidores de señal. Estos equipos deberán ajustarse para no generar interferencias en las redes de las comunidades aledañas al penal. En cuanto a las responsabilidades, el personal penitenciario o policial que facilite un dispositivo o incumpla los controles de forma negligente enfrentará faltas graves en el régimen disciplinario, al margen de las consecuencias penales correspondientes.
