El oficialismo negocia en Diputados con el Frente Renovador alguna forma de protección de las Pymes en el marco del proyecto de ley que prohíbe los despidos y establece la doble indemnización por 180 días. El gobierno apuesta a lograr un dictamen conjunto con modificaciones a la iniciativa impulsada por el Frente para la Victoria y peronistas disidentes en el Senado. En medio de acusaciones de la oposición y los jefes sindicales al oficialismo por haber dilatado el trámite legislativo, si los cambios se concretaran, el texto debería regresar a la cámara alta, donde se aprobó por amplia mayoría sin concesiones a las pequeñas y medianas empresas.
Luego de 8 días de su media sanción en el Senado, y tras los cuestionamientos de varios referentes de la oposición por la demora en el envío, finalmente el proyecto fue girado ayer al mediodía a la Cámara de Diputados. Ya con la iniciativa en mano, los legisladores retomaron el debate de la ley antidespidos con un plenario de comisiones. Para ayer estaban convocados los referentes de las cinco centrales sindicales, que entendieron la convocatoria como una estrategia para demorar la sanción de la ley y se negaron a participar. Hugo Moyano (CGT Balcarce) y Antonio Calo (CGT Alsina) criticaron al Gobierno por intentar “dilatar” el debate de la ley. Pablo Micheli, de la CTA, volvió a agitar el fantasma de un paro nacional.
“Nosotros preferimos el consenso antes que el apuro. El kirchnerismo está enloquecido, y el oficialismo quiere enfriar sin propuestas”, dijo una fuente del massismo. El bloque que lidera Sergio Massa, virtual árbitro de los debates en Diputados, presiona para introducir cambios que protejan a las pymes –que nuclean al 80% de los trabajadores formales– y acompañar con incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas que mantengan el personal e incorpore nuevos trabajadores. Sin embargo, advierten: “Nosotros vamos a intentar llegar a acuerdos, pero si el Gobierno no hace nada para proteger las pymes, en el peor de los casos, nosotros vamos a jugar a proteger el empleo y votaremos la ley”, dijo la misma fuente.
Diputados de Cambiemos, junto a funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación, comenzaron a analizar ayer la posibilidad de exclusión de las pequeñas y medianas empresas del proyecto de ley impulsado por la oposición. “Antes que a Massa, la situación de las pymes nos preocupaba a nosotros. Hay que tener mucho cuidado con la pequeña y mediana empresa. Es el sector más dinámico de la economía, si hay reactivación de la economía las primeras que empiezan a tomar gente son las Pyme. Massa comparte esto y nosotros también lo sostenemos”, dijo a este diario Miguel Bazze, vicepresidente del bloque de la UCR.
El gobierno niega la existencia de una crisis con despidos masivos. Aseguran que la ley es contraproducente y tendrá cambios. “Va a tener modificaciones. Como vino es muy difícil votarla. Queremos avanzar con Massa y con el Justicialismo, queremos que el FpV entienda lo que planteamos. Así es nada más que incentivo para que nadie contrate gente”, dijo Bazze. El martes habrá exposiciones de pymes, cámaras empresarias y especialistas. Se espera que sí asistan.
“Actúen con responsabilidad para que los trabajadores dejen de padecer la angustia del temor a la pérdida de sus puesto de trabajo”.
Hugo Moyano, líder de la CGT Azopardo, en una carta a los diputados.
En números
80
empleados. Cambiemos quiere que las empresas de hasta ese número de trabajadores queden exceptuadas de la ley.
El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, midió la pobreza en la Argentina con una nueva metodología que cruza una treintena de indicadores de privación y mostró resultados desalentadores.
Según el estudio, de 2015, 30% de los chicos argentinos se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Son 4 millones de chicos de hasta 17 años de edad. Otra cifra del estudio indica que de ese número, un 8,4 por ciento de los chicos es además “extremadamente pobre”.
“Esta nueva medición” –dice el estudio– “en lugar de analizar el nivel de ingresos que hay en un hogar o el consumo, detecta carencias materiales y emocionales que impiden el desarrollo integral de los chicos”.
Estos indicadores se agrupan en diez dimensiones, asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la convención sobre los Derechos del Niño. Los temas son Nutrición, Salud, Educación, Información, Saneamiento, Vivienda, Ambiente, Violencia, Trabajo, Juego e Interacción.
A la par, según FIEL, una familia tipo necesitó en abril ingresos por 10.580,5 pesos para no caer en la pobreza, lo que implica un alza de 7,8 por ciento contra marzo, y en el último año una suba de 41,5 por ciento. Según sus proyecciones, la Canasta Básica Alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires (CBA) –con la que se mide el nivel de indigencia– para un matrimonio con dos hijos alcanzó en abril un valor de $4.524, una suba de 2,7 por ciento frente a los 4.403,1 pesos del mes anterior.