Una grave crisis política e institucional se profundiza en Honduras luego de que ocho gobiernos del continente rechazaran públicamente un decreto firmado por la presidenta Xiomara Castro.
La medida, que ordena un recuento general de los votos de las elecciones del 30 de noviembre, ha sido calificada como ilegal por la oposición, juristas y ahora por una parte significativa de la comunidad internacional americana. El hecho ocurre a solo quince días de que el presidente electo, Nasry Asfura, deba asumir el cargo.
El decreto presidencial fue sancionado tras una polémica aprobación en el Congreso el pasado viernes, donde diputados oficialistas —incluyendo suplentes— actuaron sin la participación de la oposición, a la que se impidió el ingreso al hemiciclo. La iniciativa busca revisar miles de actas que, según Castro, presentan inconsistencias y no han sido escrutadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que ya proclamó oficialmente a Asfura como ganador. Según Deutsche Welle (DW).
Un firme rechazo regional y la advertencia de Estados Unidos
Este domingo, los gobiernos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala se unieron en un contundente comunicado. En él, expresaron su «firme rechazo» al decreto de la presidenta Castro. Los países firmantes argumentan que esta orden presidencial «desconoce» la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que consideran la única instancia competente en la materia.
El texto del comunicado es claro: «Reafirmamos el reconocimiento a la proclama emitida por el poder electoral competente», subrayando que dicha proclama declaró a Nasry Asfura presidente electo de Honduras. Los ocho países añadieron que misiones internacionales ya «validaron» los comicios. Por ello, instaron a todas las fuerzas políticas hondureñas a priorizar el diálogo y a respetar el orden democrático, con el fin de garantizar una transición de poder pacífica.
Mientras tanto, la tensión en el ámbito internacional continúa en aumento. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos advirtió que «cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves». Frente a esta advertencia, la presidenta Castro respondió al día siguiente. El sábado, pidió concretar una «audiencia o llamada directa» con el expresidente Donald Trump —quien públicamente apoyó al presidente electo Asfura— para abordar la crítica situación directamente con él.
Un escenario de alta tensión a puertas de la transmisión de mando
La crisis se desarrolla en el marco de unos comicios extremadamente reñidos, donde Asfura, un empresario de 67 años, se impuso por menos de un punto porcentual al candidato opositor Salvador Nasralla. El oficialismo y Nasralla mantienen denuncias de fraude que no han sido aceptadas por el CNE.
Con la proclamación de Asfura el 24 de diciembre y su toma de posesión programada para el 27 de enero, el decreto de recuento genera una incertidumbre institucional sin precedentes. La comunidad internacional, a través del pronunciamiento de estos ocho países, parece cerrar filas en defensa de los resultados oficiales, presionando para que el proceso concluya de acuerdo con los plazos y las instituciones establecidas.
