 |
| Península San Pedro, espesura boscosa virgen y tierras con costa de lago que viejos compradores olvidaron y otros ambicionaron. Millones de dólares en juego y disputas que llegaron a las manos |
No cesan las maniobras para colonizar lotes con gran valor inmobiliario en la zona cordillerana. Red de complicidades, engaño, violencia y matonismo contratado.
Adulteración y fabricación de documentos, matonismo contratado, amplio abanico de complicidades cuyos tentáculos llegan al Estado mismo, triangulaciones y picardía legal. La práctica especulativa de apoderamiento de tierras valiosas en nuestra zona cordillerana continúa vigente como hace más de una década. La pobre vocación por investigar, pese a las denuncias, estimula la impunidad.
Las maniobras para hacerse de lotes ociosos de alto valor inmobiliario, con dueños difusos, distantes y por lo general eternos deudores, han tenido como protagonistas tanto a minúsculos como a poderosos grupos.
Hay patrones que se reiteraron en variados modus operandi:
• Obtenían información clave desde adentro de las áreas estatales de catastro o fiscalización para individualizar lotes con deudas (cuyos dueños nunca concretaron la posesión o fallecieron), interesaban a compradores, falsificaban boletos o escrituras con base en datos precisos y concretaban las ventas.
• “Legitimaban” posesiones, alambrando u ocupando terrenos baldíos o linderos cuyos dueños no han dado señales por años. Apelaban a la vía legal de la usucapión para obtener sus derechos.
• Planificaban usurpaciones de tierras para forzar expropiaciones.
• Fabricaban expedientes de intimación de pagos, que se dirigían a falsos domicilios para que el dueño nunca se enterara, de modo que los lotes terminaran subastados, eso sí: con una orientación determinada.
• Realizaban compras hostiles a antiguos pobladores.
Algunas de estas maniobras requirieron necesariamente del concurso de un elenco importante de actores: empleados estatales desleales, jefes de áreas, algunos familiares, amigos o testaferros. También falsos o reales agrimensores, abogados, martilleros, inversores y escribanos.
El historial de los abusos alrededor del negocio inmobiliario registra, en Bariloche, violentos episodios. Desde amenazas, hostigamientos y merodeos hasta incendios intencionales, intimidaciones de fuerzas de choque contratadas por privados y golpizas a moradores obligados a desalojar ocupaciones. Es recordada la cruenta disputa –de película– entre privados en Península San Pedro que derivó en la detención de un inocente (detalles en la edición de mañana).
Parecen tan fuertes los intereses políticos y económicos involucrados en la actividad especulativa que, desde la Justicia, se miró con indiferencia, aletargó o directamente “cajoneó” las denuncias que algunos se animaron a formular pública o anónimamente.
De pronto, un cartel
Un día, José Domingo y su esposa Flavia se dieron cuenta de que se estaban vendiendo parcelas del valioso terreno que poseen en condominio con otra persona sobre Ruta 40, en el ingreso a San Martín de los Andes.
Quienes habían colocado carteles de venta de loteos se proclamaban los verdaderos propietarios y aseguraban que éstos estaban aprobados.
Hacía muchos años que José Domingo compró los derechos de la cuotaparte de esas tierras. Exhibe papeles que certifican su propiedad. El abogado que los patrocina denuncia usurpación por parte de “gente inhallable en los domicilios que radican” y que se vale de escrituras falsas.
“Vos te arriesgás”
Fabián sabía que en el Municipio de Bariloche había un empleado (hoy ex) que ofrecía terrenos a precio muy ventajoso con “boletos de compraventa truchos”. Quiso antes la opinión de un abogado amigo. “Vos te arriesgás”, le contestó. “Si querés, compralo. Vos te jugás. Perdés o ganás”. La operación se hizo y el abogado, por las dudas, pidió en Catastro la plancheta donde constaba que la propiedad efectivamente estaba a nombre de Fabián. Se quedó tranquilo. La hizo certificar. Resulta que un día apareció la verdadera dueña
–una europea– e hizo una demanda. Obviamente Fabián y su abogado perdieron. No había forma de defender la validez de un boleto trucho frente a la escritura incontrastable de la propietaria.
La falsificación de boletos y escrituras parece ser una práctica más frecuente de lo que se cree. Un profesional de Bariloche conoce por experiencia propia la incursión de “una escribanía del Alto Valle en Bariloche, que ofrece títulos truchos. A mí mismo me lo han ofrecido”, confiesa a “Río Negro” bajo pedido de reserva de identidad.
En otros casos, se sabe que hay miembros de grupos que adulteran la documentación y concretan informes de dominio con sellos falsos de profesionales.
“Urgente vendo”
Jorge trabajaba en una carnicería y quería tener su terrenito en Bariloche. Le habían recomendado recurrir a un comerciante del Alto, porque sabían que tenía contactos en Rentas. El hombre en cuestión solía publicitar inmuebles y en los carteles en el terreno figuraba su teléfono. Una publicidad prototípica suya rezaba: “Urgente vendo lote 1.400 m2, muy barato”.
Según pudo saber este diario por testimonios, el comerciante operaba en vinculación con un conocedor de remates inmobiliarios, un empleado de Rentas que transmitía datos de terrenos vacíos y “sellaba boletos de compraventa” y un cuarto miembro del grupo que disponía de los protocolos “de un escribano que se ausentó hace tiempo de la ciudad”.
Indiferencia, pese a pruebas
Una maniobra similar, pero adjudicada a otros actores, alcanzó fuerte repercusión en 2009.
La denuncia fue hecha a la Justicia por la entonces Defensora del Pueblo de Río Negro, Ana Piccinini, a partir de un escrito de un hombre que se identificaba pero que, naturalmente, esperaba la protección de sus datos.
El denunciante involucraba a un conocido político radical, ex diputado nacional, a su esposa, su cuñado, a un ex empleado municipal y a un agrimensor en la apropiación de dos terrenos. Según la presentación, la maniobra consistía en la individualización de lotes con deudas municipales y la falsificación (“envejecimiento o amarillamiento”) de boletos de compraventa. Se señalaba a un lavadero de autos como el lugar donde se consumaba el ilícito.
El denunciante suministró precisiones de nomenclaturas catastrales, identidades, montos y domicilios… Pruebas documentales suficientes para una buena investigación. Pero todo se hizo mal. Dejaron trascender el nombre del acusador y se lo estigmatizó al igual que a Piccinini, a quien se le adjudicó un interés político. Y pese al empeño del fiscal General Marcelo Álvarez y del fiscal local Marcos Burgos, la causa –trascendió– quedó encallada en el juzgado del exjuez Martín Lozada.
Habló y pasó por loco
La vocación de hacer mutis por el foro frente a los señalamientos de corrupción fue evidente un año antes con la nula atención dispensada a las denuncias de un exfuncionario municipal del área de Tierras.
Guillermo Olarán no ahorró detalles al explicar el proceso irregular con terrenos entre 1999 y 2006. Hablaba de nada menos que entre 800 y 1.000 lotes apropiados mediante escrituras y boletos truchos, usurpaciones, usucapiones, actas irregulares de posesión y eliminación de datos de tales terrenos en el sistema catastral municipal. Consideraba que en la maniobra había empleados desleales, gestores, familiares de municipales, abogados, escribanos, agrimensores, arquitectos e inversores. Ponía énfasis en la complicidad incluso de jefes municipales.
Pero no tardaron en tachar a Olarán de “charlatán de feria, enfermo y mitómano”, anteponiendo su perfil habitualmente denuncista –que venía de su incursión en medios de comunicación– antes que su conocimiento del paño por haber asesorado al ex intendente Alberto Icare en el tema tierras. Así, las denuncias derivaron en escandalosas peleas mediáticas pero ningún fiscal actuó de oficio para intentar determinar qué había de verdad en tan grave información ventilada por Olarán. Información que, por otra parte, era admitida como veraz en el universo inmobiliario barilochense.
Remates raros
Por ejemplo, en 2004, el Municipio ya era un hervidero por las denuncias de manejos arbitrarios en los remates.
Algunos concejales apuntaban a la Oficina de Mandamientos, a martilleros y a los compradores, en especial uno que se hizo de 21 lotes del fraccionamiento Melipal II en una subasta que luego la Justicia anuló.
El fiscal Guillermo Lista veía un claro ilícito con autores y encubridores, por lo cual promovió acción penal contra un ex funcionario judicial, un ex asesor letrado municipal y un martillero.
Se habían detectado nada menos que 50 expedientes de intimación de pagos y citaciones a remates irregulares, con un denominador común: el uso de cédulas y mandamientos vencidos, con domicilios imprecisos y sin planchetas catastrales identificatorias. Se trataba, por lo general, de terrenos baldíos.
Precisamente el pícaro método empleado en no pocas ocasiones era intimar por deudas impositivas a dueños de tierras que nunca se enteraban, para luego proceder al remate.
Funcionario bajo sospecha
No sólo el Municipio. También el Estado provincial estuvo en la mira a través de unos de sus funcionarios por supuestas prácticas inmobiliarias.
Fue el caso del exdelegado de la Agencia de Recaudación Tributaria de Bariloche, Federico Martínez, denunciado por una damnificada particular e imputado en 2015 por el fiscal Lista.
Martínez fue acusado de haber promovido el remate de un lote valioso en Villa Campanario por una deuda de 5.537 pesos, en 2013. La propiedad, subastada en 300.000 pesos, fue adquirida por el suegro de Martínez en nombre de un tercero. Luego, el suegro habría vendido el lote al doble de su valor de remate a una mujer.
La cuestión es que la dueña original del terreno nunca se enteró de la intimación de Rentas, ya que la notificación no llegó a su domicilio.
Martínez tuvo que afrontar la imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, así como apartado preventivamente del cargo.
En otro caso similar, la Municipalidad de Bariloche fue condenada pocos meses atrás a indemnizar por casi 500.000 pesos a otra compradora de un lote en remate. Tal monto había sido reclamado en concepto del perjuicio por una subasta anulada tras comprobarse que la intimación se hacía a un terreno baldío, haciéndose constar que el domicilio estaba “cerrado y/o desocupado”, cuando en realidad se conocía cuál era el domicilio real de la contribuyente.
