La Fundación FUSSO reclama a las autoridades competentes que repartan agua mineral en forma gratuita a quienes lo necesiten, hasta la regularización del suministro de agua potable por red.
Un sector de la población de la Provincia de Chubut está soportando desde hace 10 días la falta de agua segura. El gobierno sólo se ha limitado a explicar las causas que provocaron esta situación y ha repartido agua en forma discontinua, con ello está dando por finalizada su responsabilidad en esta grave contingencia.
Por supuesto que no está haciendo lo suficiente para cumplir con su obligación de asegurar la provisión de este vital elemento para consumo humano, en forma continua, a todas las personas que la necesitan.
¿De qué forma? Muy sencillo, debe dar directivas para que se transporten bidones o en su defecto agua mineral en botellas, en camiones públicos o privados, provenientes desde otras localidades, provincias vecinas o donde haya cantidad suficiente y repartirlas, a la brevedad, a las familias que lo necesiten.
El agua es un derecho esencial, que no puede ser negado a ningún ciudadano. Está contemplado en múltiples normas de rango constitucional, Podemos citar, entre otros, la Convención sobre Derechos del Niño, Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo tanto se encuentran en un escalón superior a las leyes nacionales o provinciales. Asimismo, sus normas son de aplicación directa, lo que significa que pueden ser invocados por cualquier persona.
El Estado es el garante del ejercicio pleno de este derecho de las personas sometidas a su jurisdicción, por lo tanto, utilizando todos los medios que tenga disponible, debe asegurar el acceso al agua potable por parte de todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo.
Hay que tener en cuenta además que la falta de acceso a agua potable también limita otros derechos, como a la salud, la educación y el trabajo. En caso de negación de parte del gobierno provincial a cumplir con este mandato constitucional, la Fundación FUSSO tramitará una Acción de Amparo.
Dr. Fernando Urbano. Médico sanitarista. Presidente Fundación FUSSO.