Los hermanos de Macri siguen vinculados a los Panamá Papers por supuesto lavado. Mientras, sus laderos apilan denuncias por irregularidades varias y abuso de autoridad.
No son las causas principales, pero los expedientes contra el presidente Mauricio Macri y sus funcionarios comienzan a florecer en los tribunales federales. “Hay que esperar después del Mundial. El año 2019 es de elecciones”, deslizan en voz baja en los pasillos de Comodoro Py 2002.
¿Qué causas están en trámite? El juez federal Ariel Lijo tiene en sus manos dos investigaciones claves: la causa por el acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Correo Argentino –propiedad de la familia Macri– por la quita de $ 70 mil millones a la deuda de la empresa con el Estado, donde están imputados el presidente, el ministro Oscar Aguad y directivos de Socma, entre otros. Y la denuncia sobre por qué se amplió a familiares de funcionarios el blanqueo de capitales cuando la ley lo prohibía.
En ese expediente, Macri fue acusado de abuso de autoridad junto al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay. Más tarde se supo que allegados al Presidente blanquearon US$ 132 millones y ahora hay causa abierta por la filtración de datos secretos.
A la par, y por impulso del fiscal Jorge Di Lello, Macri fue acusado de irregularidades en la explotación del espacio aéreo, junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y otros empresarios.
La familia. El primer escándalo penal de Macri fue la causa Panamá Papers. El caso salió del foco cuando se redujo a una posible evasión impositiva. Una investigación paralela contra los hermanos del presidente, Gianfranco y Mariano Macri, estaba por seguir el mismo destino pero el fiscal Federico Delgado le pidió a la Cámara Federal que se investigue en Py como lavado de dinero.
En tanto, el juez Marcelo Martínez de Giorgi debe resolver si embarga por $ 54 millones al empresario Angelo Calcaterra, primo del Presidente y ex titular de Iecsa. Así lo pidió el fiscal Franco Picardi en una de las causas Odebrecht por coimas y sobreprecios en soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Funcionarios y amigos. La causa contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, juega su última ficha de sobrevida en la Corte Suprema y la Cámara Federal define si ratifica el cierre de la denuncia contra el presidente de Boca, Daniel Angelici, acusado de ser un operador judicial del Gobierno.
Mientras, en el gabinete hay otros problemas penales. Aunque en Casa Rosada digan que es asunto terminado, Jorge Triaca (Trabajo) fue denunciado por pagarle un salario a su empleada a través del SOMU, y Luis Etchevehere (Agroindustria) por cobrar un bono de la Sociedad Rural. Su hermana lo acusa también de evasión, lavado y trabajo esclavo.
A Juan José Aranguren (Energía) le achacan beneficiarse con el aumento de gas y desviar fondos a una asociación fantasma. Sergio Bergman (Medio Ambiente) es investigado por los ecobuses. Y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, por el manejo de fondos de la Anses y su vinculación con Paradise Papers. Carlos Mac Allister (Deportes) enfrenta denuncias por contrataciones irregulares.
Por último, Peña fue imputado porque la tripulación de Aerolíneas Argentinas se alojaba en un hotel de su familia en El Calafate. Antes, elegían uno de Cristina Fernández.
