RAWSON (ADNSUR) – El Defensor del Pueblo, Héctor Simionatti, remarcó a ADNSUR que “tuvimos presentaciones particulares de afiliados” de Seros “y continúan llegando. Alentamos a que eso se produzca porque en su momento dijimos que toda persona que haya tenido una dificultad con la atención de un prestador médico o no haya podido adquirir un medicamento, se presente para dejar el antecedente marcado del incumplimiento de la obra social”. Además, remarcó que “la obra social va a tener que reintegrar todos los aportes”.
Simionatti sostuvo que las presentaciones de particulares “nos sirven para una eventual acción judicial que continuamos analizando hoy con la expectativa de que si esto no se revierte lo anteponemos en la justicia” y sostuvo que “hoy han llegado varios y tenemos más de 70 presentaciones”.
“Algunas son genéricas, personas que manifiestan su desacuerdo por la falta de cobertura y otras que son específicas porque hay personas que necesitan medicamentos diariamente o requirieron prestaciones de urgencia y que la obra social incumplió”, remarcó.
Además, Simionatti indicó que “la obra social va a tener que reintegrar todos los aportes que las personas tuvieron que abonar de forma privada para acceder a algún tipo de atención en virtud del corte” de prestaciones.
“El incumplimiento ha sido de la obra social por lo que debería cubrir la totalidad del monto que tuvo que pagar la persona que no tuvo ninguna responsabilidad en la falta de prestaciones. Debería de abonar todos los reintegros que se presenten”, aseguró
Y agregó que “a los afiliados es cierto que se les descuenta de sus haberes un importe para la obra social, pero la obra social tiene que prestar sus servicios. El instituto es un ente autárquico con su propio presupuesto, pero si los municipios no efectúan los depósitos que mensualmente tienen que revisar, tiene el derecho y obligación de ejecutarlo porque la ley de creación de la obra social dice que tiene esta facultad”.
“Realmente quien debe activar el pago es el propio Instituto. El afiliado tiene derecho a reclamarle al instituto y éste, las deudas que tenga”, informó.
Ante el reclamo de afiliados para elegir otra obra social siendo empleados del Estado, Simionatti informó que “como ocurre con casi todas las obras sociales del Estado, existe una ley que obliga al empleado público a aportar a la obra social de la provincia. Mientras esté vigente la ley, esta situación no puede variar”.
Fuente: Adn sur.
