La oposición se encuentra en estado de alerta a un año de las próximas elecciones porque el Gobierno maneja una base de datos de 14 millones de argentinos, sobre un total de más de 40 millones.
En medio del escándalo por la filtración de datos de Facebook para la campaña de Donald Trump, desde el oficialismo niegan el uso de información con fines electorales.
Sucede que a mediados de 2016 la Jefatura de Gabinete firmó un «convenio marco de cooperación» entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública para «el intercambio de información de sus bases de datos con el fin de mantener informada a la población». Algo parecido ocurrió con el PAMI.
Los datos personales compartidos son género, edad, localidad, correo electrónico y teléfonos, por lo que ONGs como Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles pusieron el grito en el cielo por el uso de esa información.
En el mismo sentido, la oposición denunció esa medida ante la Justicia.
De acuerdo con las fuentes oficiales que consultó La Nación, el Gobierno usó esos datos para 18 campañas de comunicación “directa, a través de e-mails o llamados, que sea segmentada y geolocalizada».
Mientras tanto, el diputado kirchnerista Juan Cabandié presentó un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo sobre «la contratación de servicios de big data, la utilización de datos personales y el contenido de memorándum de entendimiento con Amazon Web Services».
Otro foco de malestar es la Ciudad, donde en diciembre pasado el Gobierno licitó la realización de encuestas y focus group por 250 millones de pesos en la que fueron preadjudicadas nueve reconocidas consultoras.
