Los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez imputaron a los detenidos por conformar una «asociación ilícita» dedicada a cometer delitos desde el Gobierno.
Este jueves se reinició la audiencia con los once detenidos por el “Operativo Revelación”, que involucra a exfuncionarios del gobierno de Mario Das Neves y a empresarios de la construcción.
Uno de los datos destacados de la jornada fue la divulgación de un memorándum interno del Gobierno de Chubut que los fiscales entienden es un prueba de que el exgobernador Mario Das Neves estaba al tanto de todas las operatorias que les imputan a los exfuncionarios.
La audiencia es presidida por el juez Sergio Piñeda en la sala de audiencias del Superior Tribunal de Justicia, y los fiscales Marcos Napoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez imputaron a los detenidos por conformar una «asociación ilícita» dedicada a cometer delitos desde el Gobierno.
“Integran una organización delictiva dedicada a recibir en pago coimas y finalmente enriquecerse de forma ilegítima”, afirmó el fiscal Marcos Nápoli, integrante de la Unidad Anticorrupción que comenzó con el relato de la imputación. Y sostuvo que “nada de lo que hiciera cada uno de los organizadores del plan delictivo era desconocido por los restantes”.
Los imputados son los exfuncionarios provinciales Víctor Cisterna, Pablo Oca y Gonzalo Carpintero; junto con los empresarios Patricio Musante, Daniel Russo, Juan Salaberry y Juan Carlos Villegas, de Trelew; Federico Piccione, Esteban Torraca y Andrés Ninin, de Comodoro Rivadavia; y Oscar Peña, de Esquel.
Los delitos que se les imputa son los de “asociación ilícita” en concurso con delitos contra la Administración Pública, que prevé penas de prisión de entre 3 y 10 años.
Cisterna, Oca, Correa y Carpintero fueron considerados como jefes de esa organización, por lo que pueden ser castigados hasta con 15 años, según la calificación escogida por los fiscales.
Para los fiscales “existen elementos suficientes para tener por acreditado que desde diciembre 2015, un grupo de funcionarios integrado por Cisterna, Correa, Carpintero y Oca, actuando con el aval al menos tácito del por entonces gobernador Mario das Neves, se pusieron de acuerdo para cometer delitos de modo indeterminado por si, o utilizando como medio al Estado Provincial, para enriquecerse ilícitamente”.
Los empresarios “tienen un papel preponderante pues sin su aporte no habría, desde ya, pago de coima alguno ni sobresueldos que repartir”
Das Neves estaba al tanto
De la descripción de los hechos que realizaron los investigadores durante la audiencia de este jueves, se dio cuenta de una decisión adoptada a nombre del por entonces gobernador Mario Das Neves, donde se centraliza en Diego Correa la autorización de todo tipo de contrato que realice el Estado provincial. La resolución es del 28 de enero del año 2016 cuando Correa ya era secretario privado del extinto gobernador.
En un allanamiento realizado en la Casa de Gobierno, se secuestró un documento titulado “Memorandum Circular” que está fechado ese día. El mismo está dirigido a ministros, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes y al jefe de la Policía del Chubut.
Textualmente se indica que “por expresa disposición del Señor Gobernador Mario Das Neves, se informa que a partir de la fecha todos los contratos de locación de obra, de bienes y servicios que se realicen, como así también los celebrados desde el 10 de diciembre de 2015 y todas las renovaciones de los mismos deberán contar –SIN EXCEPCION ALGUNA- con la autorización previa de la Secretaría Privada del Señor Gobernador. Atentamente. Sr. Diego Miguel CORREA. SECRETARIO PRIVADO GOBERNADOR”, finalmente al pie figuraba estampado el gesto gráfico de CORREA y la identificación ordinal de la resolución “MEMO N°: 07/2016/GR”.
Para los fiscales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Daniel Báez, integrantes de la Unidad Anticorrupción, “este documento también nos impone y desconocerlo sería absurdo, que la orden reconocía su génesis en las más altas esferas del poder político provincial, comenzando desde el primer magistrado e incluyendo a todos aquellos funcionarios de primera línea que finalmente terminaron siendo beneficiados con el reparto de dividendos arrojados por la empresa criminal”, aseguran los fiscales.