El fiscal jefe Alex Williams fue contundente: «El delito no puede seguir operando desde las cárceles». Desde el Ministerio Público Fiscal respaldan el proyecto que busca eliminar el uso de teléfonos móviles en unidades penitenciarias y comisarías, donde internos coordinan estafas, extorsiones y amenazas. La medida avanza en la Legislatura.
La lucha contra el crimen organizado tiene un nuevo frente de batalla: los penales de Chubut. El proyecto que busca prohibir el uso de celulares en cárceles y comisarías de la provincia sumó un respaldo de peso: el del Ministerio Público Fiscal, que considera la medida como una herramienta clave para combatir el delito organizado desde lugares de detención.
El fiscal jefe Alex Williams fue contundente al referirse a la problemática: «El delito no puede seguir operando desde las cárceles», sostuvo al analizar el impacto que tienen los dispositivos móviles en distintas investigaciones judiciales. Su declaración pone el foco en una realidad que las estadísticas y los casos judiciales vienen demostrando: los teléfonos celulares se convirtieron en el arma elegida por los internos para seguir delinquiendo tras las rejas.
Estafas, extorsiones y amenazas: el negocio ilegal desde el encierro
Según explicó el fiscal, el uso de celulares por parte de internos no es un hecho aislado, sino una práctica extendida que permite sostener maniobras delictivas aún en contexto de encierro. En ese sentido, detalló que se han detectado casos de estafas, extorsiones y amenazas planificadas y ejecutadas desde unidades penitenciarias.
Para el funcionario judicial, el teléfono móvil se convirtió en una herramienta que facilita la continuidad de estructuras delictivas, lo que obliga a repensar los mecanismos de control dentro del sistema carcelario. Lo que antes requería complicidad externa o visitas, hoy puede coordinarse con un simple mensaje de texto o una llamada.
Derecho a la comunicación sí, pero con control estatal
Williams remarcó que la iniciativa legislativa no apunta a vulnerar derechos, sino a establecer un marco más claro y seguro. «Las personas privadas de libertad tienen derecho a comunicarse, pero ese derecho debe garantizarse a través de canales supervisados por el Estado«, explicó.
En esa línea, sostuvo que el problema no es la comunicación en sí, sino la falta de control sobre los medios utilizados. El objetivo, según planteó, es evitar que se utilicen dispositivos no autorizados para cometer delitos que afectan directamente a la sociedad. La existencia de teléfonos fijos supervisados o sistemas de videollamadas controladas podría ser una alternativa que garantice el vínculo familiar sin poner en riesgo la seguridad pública.
Una normativa uniforme para dar respuesta integral
El fiscal también subrayó la necesidad de avanzar con una normativa uniforme que permita dar una respuesta integral a esta problemática, que trasciende casos individuales y tiene impacto en la seguridad pública. No se trata de medidas aisladas en una cárcel u otra, sino de un abordaje sistémico que impida que los dispositivos ingresen y circulen en los penales.
El proyecto, actualmente en debate en la Legislatura provincial, busca establecer límites claros al uso de tecnología dentro de los lugares de detención, en un contexto donde las nuevas herramientas digitales modificaron las dinámicas del delito. Para el Ministerio Público Fiscal, la regulación de estos dispositivos es un paso necesario para cerrar una brecha que hoy permite que ciertas actividades ilegales continúen operando incluso desde el encierro.
Un respaldo clave en la lucha contra el crimen organizado
El apoyo explícito de los fiscales al proyecto de ley le otorga una legitimidad y una urgencia que trasciende lo meramente político. Se trata de quienes día a día investigan los delitos y ven cómo las pruebas los conducen una y otra vez a llamadas realizadas desde teléfonos ilegales en las cárceles.
La voz de Alex Williams, como fiscal jefe, sintetiza la experiencia de todo un cuerpo de investigadores que reclama herramientas para cortar de raíz el flagelo. «El delito no puede seguir operando desde las cárceles» no es solo una frase: es una exigencia de eficacia judicial y de protección a la sociedad.
