La justicia penal de La Plata inhibió hoy al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller por más de 189 millones de pesos en la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública.
Una fuente judicial explicó a Télam que la medida la adoptó la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido del fiscal penal Alvaro Garganta para que se dicte la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de 189.200.000 pesos.
Asimismo, el vocero señaló que la jueza también aceptó el pedido del fiscal para que el ahora diputado nacional Scioli notifique a la justicia cada vez que quiera salir del país pero cuestionó la decisión de Garganta.
El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli, quien habría favorecido al empresario Ricardo Estanislao Miller en la construcción de esos establecimientos.
Pese a que en una audiencia citada por la jueza, la Fiscalía de Estado se opuso a la inhibición por considerar que en la causa no está acreditado el posible perjuicio económico al fisco, la magistrada hizo lugar a la inhibición, recordó la fuente.
En la resolución, Garmendia sostuvo que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde «el inicio de las actuaciones» adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para «hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes».
«El derecho que pretende ser protegido a través de la medida de inhibición general de bienes resulta, en esta instancia, verosímil y surge en virtud del perjuicio que se habría ocasionado al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al haber adjudicado de forma irregular las U.P.A., tal como fuera oportunamente valorado por el fiscal», sostuvo la magistrada.
En la resolución, a la que tuvo acceso Télam, la jueza explicó que el fiscal modificó su pretensión originaria para que el ex gobernador debiera solicitar permiso para salir del país por otra para que sólo de aviso con lo cual «limito mi jursidicción como Jueza de Garantías».
«Los nuevos términos de la solicitud fiscal en modo alguno requieren intervención jurisdiccional, toda vez que la misma no implica restricción de la libertad ambulatoria», graficó.
Sin embargo, Garmendia aclaró que el criterio sustentado por el fiscal respecto de los imputados Scioli, Collia y Miller «difiere del mantenido en la misma con relación a otras causas», entre las que menciona a la que está procesado el ex Jefe de Gabinete, Alberto Pérez que «pese a encontrarse en la misma situación Garganta oportunamente requirió a este Juzgado de Garantías se les prohíba salir del país sin previa autorización judicial, petición a la que hice lugar».
Flavio Gliemmo, abogado defensor de Collia, dijo a Télam que la resolución de Garmendia por la inhibición «seguramente será revocada por la Cámara de Apelaciones por cuanto no tuvo en cuenta que el propio fiscal de instrucción reconoce que no hay perjuicio al Estado como así la Fiscalía de Estado que se opuso al embargo».
Para el letrado, la decisión de Garmendia «tuvo una fundamentación aparente, acude a generalidades, desconociendo las constancias objetivas de la causa».
Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.
Además, se investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.
En su indagatoria, el ex gobernador Scioli declaró no haber recibido «nunca dádivas de ninguna persona» y sostuvo que «todas las contrataciones» durante su gestión fueron realizadas «en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad».
En su escrito, Scioli también negó que se haya «alterado» el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de «beneficiar a un proveedor determinado» y planteó que «es totalmente falsa» su supuesta «relación especial con uno de los proveedores».
Entonces, consideró que Miller «accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso».