En un giro político que redefine la pulseada por el cierre de la planta de neumáticos, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tomó las riendas del conflicto
Tras el vencimiento de la instancia nacional este 18 de marzo sin resultados positivos, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una nueva conciliación obligatoria por 15 días. La medida busca frenar el cese de actividades y forzar una mesa de diálogo entre la empresa de Javier Madanes Quintanilla y el gremio SUTNA, en un escenario de altísima sensibilidad social.
Un «enroque» de responsabilidades ante la falta de acuerdos
La gestión de Axel Kicillof oficializó la intervención mediante la Dirección Provincial de la Negociación Colectiva, marcando una clara diferencia con la postura del Gobierno Nacional. Mientras que la administración de Javier Milei mantuvo un rol distante —limitado por la pública enemistad del Presidente con el dueño de FATE—, la Provincia decidió aplicar la Ley 10.149 para intentar «mantener la paz social».
Este movimiento administrativo se produce exactamente un mes después del anuncio del cierre de la planta. La resolución intima a ambas partes a retrotraer la situación previa al conflicto, lo que implica un desafío logístico y legal: el sindicato debe suspender medidas de fuerza y la empresa debe abstenerse de acciones que afecten la «buena fe negocial».
El rol del SUTNA y el respaldo judicial a la permanencia
La intervención provincial se disparó tras un pedido formal de Alejandro Crespo, titular del SUTNA, quien calificó la postura empresarial como un «lock out patronal». El gremio logró recientemente un aire clave en la Justicia: la Cámara de Apelaciones de San Isidro revocó la orden de desalojo del predio en San Fernando, ratificando que la permanencia de los trabajadores es una extensión legítima del derecho a la huelga protegido por la Constitución.
Bajo este nuevo marco, la conciliación obligatoria sugiere que la empresa debería reincorporar operarios y abonar los salarios caídos de la segunda quincena de febrero. Por su parte, la firma exige la liberación total de las instalaciones para normalizar la producción, una condición que choca con la estrategia de resistencia colectiva del sindicato.
15 días clave para evitar un desborde social
La disposición firmada por Juan Pablo Lorenzo exhorta a las partes a negociar con «predisposición y apertura». El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, advirtió sobre la «extrema gravedad» del conflicto y la necesidad de evitar desbordes en una región ya castigada por la incertidumbre laboral.
Durante las próximas dos semanas, las audiencias serán obligatorias bajo apercibimiento de sanciones. El éxito de esta instancia provincial determinará si el conflicto en FATE encuentra una salida legal o si escala hacia una crisis de mayor envergadura en el corazón industrial de la zona norte.