Después de un proceso de salvataje que no obtuvo la respuesta esperada, el juez comercial Javier Cosentino dictó la quiebra de la principal empresa del Grupo Indalo, dueña además de las principales acciones de los medios de comunicación: Oil Combustibles SA. La quiebra es «con continuación de la explotación de la empresa por 30 días para evitar riesgos ambientales y garantizar fuentes de trabajo», tal como había contado Clarín y se busca así mantener los puestos de trabajo de la refinería de San Lorenzo. También se extendió la intervención durante 60 días.
Después de ser el corazón del Grupo Indalo, su principal proveedora de préstamos y el activo más valioso, Oil Combustibles finalmente quebró. Con sus dueños -Cristóbal López y Fabián De Sousa- presos por defraudar al Estado, comienza ahora un período de evaluación de ofertas sobre los bienes de la empresa: el juez otorgó 72 horas para las empresas interesadas en adquirir la compañía.
Los interesados en adquirir los activos de Oil podrán ofertar, y será el juez Cosentino quien decida a favor de la mejor propuesta. La petrolera, que emplea a 400 trabajadores, cuenta con una red de 360 estaciones de servicio, una importante flota de camiones y vehículos, un puerto, la refinería e inmuebles, entre otras propiedades.
Así, Cristóbal López perdió su principal empresa. «Agilizar esta decisión no es en desmedro de los intereses aquí afectados. Por el contrario, debe primar a partir de ahora y en adelante la preservación del patrimonio de la deudora que, constituye -nada más ni nada menos- que la prenda común de los acreedores», indicó Cosentino en una resolución de once páginas.
A su vez, el juez remarcó que «debe tenerse especialmente en cuenta en lo posible la preservación de las fuentes laborales y la cuestión ambiental, absolutamente presente a lo largo del procedimiento», por ello ordenó la continuidad de la explotación durante 30 días más.
Y recordó que, según informaron los interventores, existieron «diversas tratativas con interesados en la continuación de la gestión de la empresa». Por eso, «indicarán en estas actuaciones a la mayor brevedad posible el resultado de tales tratativas». Refiere a la conformación de una cooperativa de trabajo por parte de los empleados de Oil.
López y De Sousa, junto a los administradores Ignacio Rosner y Santiago Enrique Dellatorre, tendrán una audiencia en septiembre «a fin de brindar las explicaciones que le serán requeridas en pos de determinar la composición del activo de la quebrada. Ello, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia, de ordenar su concurrencia por la fuerza pública», ordenó Cosentino. Pero como ambos están presos por defraudación al Estado justamente por las maniobras de Oil, no habría problemas para su asistencia.
Se inicia ahora una etapa de desmembramiento de la empresa. Los interesados ya no deben adquirir -como en el salvataje-, la totalidad de la compañía, sino que podrán ofertar sólo por el activo que les resulte más beneficioso. Entre las compañías interesadas, se encuentra YPF, según confirmaron fuentes oficiales a Clarín.
«Es una etapa en la que la principal responsabilidad la tendrá el juez, para maximizar el valor de los activos de Oil», indicaron a este medio fuentes oficiales. El Estado busca cobrar la multimillonaria deuda que el empresario K generó con la AFIP, pero con la firma en quiebra esto llevará más tiempo y no está garantizado que se logre recuperar la totalidad de la suma reclamada: 17.000 millones de pesos.
No será sencillo, porque es un «entramado complejo», explicaron fuentes judiciales a Clarín. Oil es dueña de la mayor cantidad de acciones de los medios de comunicación de Cristóbal López y esto podría condicionar a algunos interesados, aunque no se descarta un «desmembramiento total del grupo».
La petrolera fue utilizada por López para no pagar a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de Cristina Kirchner. La deuda ascendió a 8.000 millones de pesos, y con dichos fondos -que mes a mes debían tributarse- el empresario K «se financió y amplió su conglomerado» adquiriendo más firmas, según corroboró la Justicia.
A la fecha la deuda con punitorios e intereses supera los $ 17.000 millones, y ahora con la empresa quebrada la AFIP buscará cobrar la mayor cantidad posible de dicha suma. Pero anticipadamente, decidió ir contra los directores de la empresa, López y De Sousa, de quienes identificaron bienes tanto en el país como en el extranjero.
La AFIP ya inició una demanda civil por daños y perjuicios contra ambos, al considerar que la maniobra encabezada por ellos generó un «grave daño al Estado» privándolo de «fondos millonarios». Por ello, exigieron que hagan frente con sus bienes a dicho perjuicio.
Este miércoles el juez Cosentino estuvo en la refinería de la empresa. Allí habló con un grupo de trabajadores -según contó Clarín- a quienes se les informó que en las próximas horas se dictaminaría la quiebra de Oil, pero buscando que la misma sea con continuidad.
Entre otras cosas, durante esa reunión, se les garantizó a los trabajadores el pago de los salarios del mes en curso y en caso de que no haya un comprador y se proceda a los despidos de los 400 trabajadores, se aseguró que habría fondos para hacer frente a las correspondientes indemnizaciones.
fuente: clarín