Tres proyectos de ley sobre la actividad minera esperan despacho de comisión en la Cámara de Diputados de Chubut, con posiciones que proponen prohibir la actividad, habilitarla en casi todo el territorio o lanzar una consulta popular vinculante.
Un primer proyecto presentado el 23 de abril por cuatro diputados del bloque Chubut Somos Todos impulsa «la prohibición de la actividad minera de sustancias metalíferas en toda la provincia con cianuro y toda sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa para el ambiente y que haga peligrar la provisión de agua dulce».
Además, establece prohibir la actividad de minerales nucleares tales como uranio, torio y plutonio, como también las etapas de cateo, prospección, exploración, desarrollo, preparación, extracción y explotación de sustancias minerales».
Sobre ese punto, condiciona su modificación a que «solo podrá ser ser derogada mediante la utilización del mecanismo de consulta popular vinculante».
El otro proyecto es el impulsado por los intendentes de Paso de Indios, Lagunita Salada, Telsen, Gastre, Las Plumas y Los Altares, donde se aguarda la habilitación de la actividad para que se ejecuten inversiones de US$ 1.000 millones para explotación de yacimientos que ya hicieron la etapa previa y esperan luz verde para avanzar.
«Son intendentes que piden a gritos que se permita la actividad para desarrollar sus comunidades», explicó el diputado del bloque Convergencia, Sergio Mario Brúscoli, al dialogar con Télam sobre los proyectos que ingresaron a la Legislatura neuquina.
El proyecto de los intendentes tiene el aval de empresarios del sector y varios intendentes de las ciudades grandes, que ven en la minería una chance de mejorar la actividad de los parques industriales.
La iniciativa procura que la industria minera contemple «criterios de sustentabilidad que promuevan el desarrollo integral y armónico de la provincia, con participación social y cumplimiento de estándares ambientales».
Se conoce a ese proyecto como «de zonificación» porque establece un criterio de ordenamiento de acuerdo a «zona de sensibilidad socio ambiental muy alta, alta, media, baja y muy baja».
Por último, ya tomó estado parlamentario el proyecto que presentó el 4 de mayo el bloque del Frente Para la Victoria, según el cual las determinaciones al respecto deben «someterse al proceso de consulta popular vinculante, conforme las disposiciones del Artículo 262 de la Constitución Provincial».
La consulta, de acuerdo con la propuesta kirchnerista, se debería realizar de manera simultánea con las elecciones generales para gobernador y demás cargos electivos provinciales en 2019.