El exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López es juzgado desde hoy por enriquecimiento ilícito luego de su detención cuando intentaba esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez, en junio de 2016.
El juicio comenzó a las 12.30 en la llamada sala AMIA de Comodoro Py 2002 del barrio porteño de Retiro, cuando el Tribunal Oral Federal 1 dio inicio al que será el primer juicio vinculado a dinero de presunto origen ilícito que se sospecha fue producto de delitos cometidos durante el paso por la función pública de López.
La sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la semana pasada excarcelar a López, al desestimar un recurso de la defensa del exfuncionario contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 1 que le había denegado la excarcelación.
Los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa respaldaron la decisión del TOF 1 de rechazar la excarcelación de López por entender que existe riesgo de que se fugue.
Con más de 200 testigos convocados y nuevas pruebas obtenidas en una instrucción suplementaria que ordenó el Tribunal, el gran interrogante pasará por el origen de ese dinero, hasta ahora una incógnita.
Hoy, en la jornada inicial del juicio, se leerán las acusaciones de la fiscalía y de la querellante Oficina Anticorrupción (OA) y, en jornadas posteriores se preguntará a los acusados si desean prestar declaración indagatoria, antes de dar inicio a los dichos de los testigos.
Entre los testigos convocados figuran el exjefe de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández; el actual vicepresidente primero de la Cámara de la Construcción Juan Chediak; el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez y el legislador correntino del Parlasur Alejandro Karlen.
El juicio estará a cargo de los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico, este último proveniente de un tribunal oral criminal ordinario y que pidió y obtuvo el pase al fuero federal.
Además de López, preso en la cárcel de Ezeiza, serán juzgados su esposa María Amalia Diaz, la religiosa Celia Aparicio y los empresarios Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez, Carlos Gianni y Mario Mareoni.
Luego de varios cambios de abogado, López y su esposa llegarán a juicio con defensa oficial, a cargo de Pamela Bisserier.
El fiscal será Miguel Ángel Osorio y la Oficina Anticorrupción actuará como querellante.
Además de la condena penal si se lo encuentra culpable de enriquecimiento, al final del juicio y una vez que la pena quede firme, podrá resolverse el destino de los 9 millones de dólares que permanecen en la bóveda del Banco Central y de los demás bienes cuyo origen se cuestiona.
El ex funcionario está procesado en otras causas por corrupción y aún le esperan más juicios orales sin fecha de inicio como el del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, donde está acusado junto a la ex presidenta Cristina de Kirchner y a su ex jefe en el Ministerio de Planificación, Julio De Vido.
López guardaba los fajos de billetes en un falso piso de un tanque de agua en su casa de Dique Luján y desde allí los trasladó en bolsos y una valija al monasterio «Nuestra Señora de Fátima» en la madrugada del 14 de junio de 2016.
En ese lugar fue sorprendido y detenido luego del llamado de un vecino al 911 alarmado por los movimientos extraños y temeroso por la seguridad de las religiosas.
Al ser indagado durante la investigación del caso, el ex segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal sólo dijo que ese dinero provenía «de la política», pero no dio mayores precisiones sobre el origen de los fondos.
El Tribunal ordenó establecer también el valor de seis relojes de alta gama que López tenía en uno de los bolsos y también de joyas encontradas durante el allanamiento a su casa de Dique Luján.
Al cargo de enriquecimiento ilícito por no poder justificar los millones de dólares en efectivo secuestrados, se le sumaron dos acusaciones más, una por el origen de los fondos usados para comprar su casa en Dique Luján valuada en 680 mil dólares y otra por un departamento en Recoleta.
López siempre sostuvo que era inquilino de ambas propiedades pero el juez federal Daniel Rafecas, a cargo del caso, no le creyó y lo procesó junto a quienes figuraban como dueños y rentadores de las viviendas, que para el magistrado actuaron como testaferros.
Al procesar a los empresarios, Rafecas evaluó que actuaron como «prestanombres» a cambio de supuestos beneficios en la adjudicación de obra pública.
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