El Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, fue convocado por los ministros Patricia Bullrich y Germán C. Garavano para participar de una reunión de trabajo del plan “Argentina sin narcotráfico”. A las 14:30 hs. Patricia Bullrich, Eduardo Casal y Germán Garavano, dirán las palabras de apertura. A las 15:30 hs. las autoridades asistentes se organizarán en mesas de trabajo.
El plan consiste en una serie de compromisos, organizados en seis capítulos. El primer capítulo refiere a los objetivos operativos, señalando como compromisos: la erradicación del paco; la presencia activa y dinámica de las fuerzas federales y provinciales en todo el país; de recuperación para el Estado de los bienes provenientes del narcotráfico; compromiso para la identificación y persecución de bandas narcotraficantes; compromiso para el desarrollo y la integración de Grupos Especiales Mixtos; compromiso para el desarrollo de tecnología para el combate al narcotráfico, compromiso para la integración del Consejo Federal de Precursores Químicos.
Los objetivos instrumentales fueron reunidos en el segundo capítulo que compromete la formación y capacitación de los oficiales, jefes principales y funcionarios asignados; compromiso hacia la convergencia de un modelo estadístico del narcotráfico; compromiso para la conformación de un mapa georreferenciado del narcotráfico; y compromiso para la federalización de los acuerdos internacionales suscritos por el Estado Nacional.
El tercer capítulo se refiere a la prevención y el abordaje integral de las adicciones, comprometiéndose a: la accesibilidad de los servicios; evitar la baja de la edad del consumo; colaboración activa en campañas de concientización; colaboración activa en la reinserción socio-laboral para personas con consumo problemático de sustancias; articulación intergubernamental e intersectorial; desarrollo de estrategias de reducción de la demanda con una perspectiva de salud pública; no criminalización del consumo y de las adicciones; participación activa en la generación y actualización de estadísticas sobre consumo de sustancias; y compromiso para revertir la pirámide de inversión asistencia-prevención.
Los objetivos para garantizar la transparencia, fueron citados en el capítulo cuarto y refieren al compromiso para homologar un modelo de control de integridad para funcionarios público y fuerzas de seguridad que luchan contra el narcotráfico.
El quinto capítulo es el relativo a los objetivos de cooperación con la Justicia y el Poder Legislativo. Se propone hacer más dinámica y efectiva a la lucha contra el narcotráfico.
El último capítulo fija como objetivo la participación de la sociedad civil. El Estado se compromete a incorporar a los actores sociales en la persecución contra el delito del narcotráfico y el abordaje integral de las adicciones.
