Luego de que tres empresarios quedaran libres en la causa “Revelación, a cambio de una serie de obras para “compensar” el daño por el pago de coimas, el fiscal Marcos Nápoli manifestó que la Unidad Anticorrupción sostiene que los funcionarios públicos organizaron una asociación ilícita y usaron la matriz productiva de la construcción para sustentarla.
“La ‘probation’ es un sinónimo técnico que está establecido en el Código Penal y se aplica cuando la persona cumple con los requisitos establecidos en la ley. Muchos fiscales y jueces no podemos hacer oposición a eso. Si dan los requisitos, la ley da el derecho a acceder a una suspensión de juicio”, indicó en una entrevista radical con La 100.1.
“Hubo que hacer un cambio de carátula pero no en función del juicio de suspensión de prueba sino que se hace de acuerdo a las constancias del caso”, agregó. “Ya se había imputado cohecho activo; no se ha modificado la plataforma fáctica en general, seguimos sosteniendo que los funcionarios públicos organizaron una asociación ilícita y usaron la matriz productiva de la construcción”.
“Cambian los actores de las organizaciones, el mecanismo es similar en todos los casos y por lo que uno va descubriendo, y hasta donde nos permita la acción penal trataremos de trabar el velo y ver que hay debajo de todo esto. Cada vez que depuremos documentos o abrimos una computadora es una caja de pandora, y tenemos que ir barajando sobre el momento la estructura que tenemos para lograr mejores resultados”, informó.
“Lo que viene a mellar la administración pública en su rol como entidad y persona jurídica responsable pero no afecta el erario público sino el bolsillo del empresario que paga la coima. Pero creemos que eso se encargaba anteriormente”, planteó el fiscal de Trelew afectado a la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal de Chubut.
“Quiero aclarar que en la suspensión de juicio a prueba dejamos abierta la posibilidad del Estado a iniciar juicio civil por reparación. El Estado a través de la Fiscalía de Estado va a tener la posibilidad de enjuiciar a los empresarios para que se restituya el daño provocado”, remarcó Nápoli. Además, planteó: “la suspensión del juicio a prueba se aplica con determinados requisitos, entre ellos no tener condenas anteriores. La suspensión es un planteo y pedido de la defensa que se puede dar al inicio del caso y la causa en trámite nunca podrán afectar esta causa”.
“Íbamos a revisar es la reparación y marco de la misma, y quedó una audiencia fijada para el 23 donde terminaremos de diseñar esta forma de diferencia que nos permita tener a los empresarios controlados y hacer imputaciones a mayor cantidad de empresarios”, subrayó. Por último, aclaró que no se trata de una asociación ilícita “porque es una figura compleja en cuanto a poder especificar los roles. Son participes de algunos hechos, pero no son miembros”.
El Comodorense