El abogado querellante de Iniciativa Ciudadana, Alfredo Pérez Galimberti, le respondió al abogado Fabián Gabalachis debido a su declaración respecto a que no se puede llamar como testigos a los empresarios beneficiados con la probation. Pérez Galimberti aclaró que “una cosa es la admisión de la persona como testigo y otra cosa es la valoración del testimonio”. Además, aseguró que los empresarios “pueden ser citados y concurrir a la sala de audiencias pero no se les puede tomar declaración bajo juramento”.
Tras el beneficio de probation al que accedieron cuatro de los empresarios vinculados a la causa Revelación, Pérez Galimberti explicó que “una cosa es la admisión de la persona como testigo y otra cosa es la valoración del testimonio. Y la tercera dimensión es qué formas va a adquirir la declaración de esa persona en el juicio”.
“Toda persona que declara testifica, y en el juicio de revelaciones eventualmente se lleva a declarar a personas que han tenido una resolución alternativa como es la suspensión de juicio a prueba, y son admisibles como testigos. Pueden ser citadas y concurrir a la sala de audiencia pero no se les puede tomar declaración bajo juramento porque van a declarar sobre hechos propios”, enfatizó.
“De manera que si se les toma juramento sobre hechos propios, se los obligaría a testificar. La credibilidad depende de las partes, de quién es la persona, corroboración de los dichos de esta persona, la corroboración intrínseca, es decir, si su declaración tiene coherencia en todos sus puntos. Esto es lo que le dará o no credibilidad y peso como prueba. Esta persona podría no declarar porque no está obligada”, indicó.
Además, planteó que “si la declaración es útil, voy a tratar de sostenerla por estas circunstancias y la corroboración de sus dichos”.
Pérez Galimberti afirmó que “dentro de Iniciativa Ciudadana prevalece el seguir hasta el final. De modo personal no estoy interviniendo y es muy difícil abrir una investigación donde se ponga en juego toda la estructura de la contratación de obras públicos en la medida que no hay evidencia disponible para la investigación”.
Lo que dijo el fiscal (Héctor) Iturrioz es muy correcto porque esperaba que fueran 10 o 20 personas las que llevaran información por día, y desde Iniciativa Ciudadana también esperábamos que nos trajeran datos objetivos, pero sólo hay rumores. No hay personas que traigan evidencias”, remarcó.
Sostuvo que “el vecino común no tiene evidencia; ha escuchado rumores. Las personas que participaron y conocieron esto de primera mano tienen algún interés y no van a dar evidencia. Si no hubiera aparecido un sobre en la Legislatura (por el conocido como “sobre bomba”), secuestro de todo el registro (excel) de (el exsecretario de la Unidad Gobernador imputado, Diego) Lüters, esta causa no existiría porque seguiría siendo un rumor que no se hubiera concretado en un juicio”.
Planteó que “la verdad en el juicio es una verdad recortada que tiene que pasar por muchos controles. La tarea es durísima porque hay un sistema de garantías para obstaculizar la labor de los defensores en función de la protección humana”.
Por último, sostuvo que “hay que contar con pruebas legales y constatables, es muy difícil conseguir evidencia incriminante que permita sostener una condena. Por esa razón, cuando hay salidas alternativas que de algún modo traen reparación y que sobretodo se puedan articular garantías que tienen que ver con el monitoreo de transparencia. Son soluciones que no son las mejores ni ideales pero a veces son las ideales”.
ADN Sur