El recorte presupuestario que se viene aplicando en las compañías públicas, muchas de ellas de carácter estratégico, genera dudas sobre cuál es el objetivo que busca el Gobierno. ¿Es el paso previo a la privatización o sólo se apuesta a relegarlas?.
Muy sintéticamente, podría decirse que la historia de las empresas públicas en Argentina registra dos grandes momentos: uno marcado por la extensión de la presencia empresaria del Estado en un conjunto de ámbitos donde, hasta el comienzo de la segunda posguerra, no había tenido representación activa o relevante. Dicha etapa de caracterizó por la nacionalización de las principales empresas de servicios y telecomunicaciones, e incluyó también el ingreso del Estado en actividades industriales. Eso no significa que hasta el momento la actividad empresarial del Estado no tuviera antecedentes: sobre fines del siglo XIX ya se habían creado organismos financieros provinciales y nacionales, algunos servicios públicos (correos, ferrocarriles) e YPF, en 1922.
El otro gran momento tuvo que ver con el proceso privatizador que caracterizó a buena parte de la década del 90 donde, bajo la premisa de reducir el gasto público, el Estado se desprendió de buena parte de sus activos, asumiendo un rol subsidario y de mero regulador entre los agentes económicos. Lo que siguió después ya es más conocido: durante el kirchnerismo, la actividad empresarial del Estado se fortaleció, ya sea renacionalizando firmas o creando nuevas, con suerte dispar en la gestión de cada una, pero con una decidida vocación por incrementar el rol del Estado en la economía.
Acaso condicionados por la memoria histórica sobre la fallida experiencia privatizadora anterior, en campaña los dirigentes de Cambiemos debieron prometer una y otra vez que no se repetiría dicho proceso, que había limitado al máximo la capacidad del Estado para establecer políticas y consolidarse como productor testigo en áreas clave. Si bien esa premisa se sostuvo –en tres años de gestión no se registra un proceso privatizador asimilable a esas épocas– el compromiso de ajuste que se desprende de los (pocos) pronunciamientos oficiales sobre las empresas del Estado invita a un interrogante mayor: ¿qué pretende o prioriza el Gobierno en cada una de las empresas donde tiene participación accionaria?
A principios de año Jefatura de Gabinete reglamentó una serie de principios asumidos como transversales a todas las firmas, independientemente de sus trayectorias, de sus objetos, de la naturaleza de los mercados donde operan y de las actividades comerciales que se pretendan ganar o conservar. Con apoyo de la OCDE, los llamados “Lineamientos de Buen Gobierno para empresas de participación estatal mayoritaria en Argentina” resaltan, entre otros, los criterios de eficiencia e “integridad” en el uso de recursos, donde pareciera priorizarse la rentabilidad económica de las compañías por sobre su fin estratégico.
En efecto, dichos principios lucen consistentes con algunos de los hechos de mayor trascendencia pública que involucraron a empresas estatales en los últimos meses, y que podrían estar anticipando un cambio de sentido respecto a la etapa nacionalizadora iniciada en los 40, la privatizadora de los 90 y la renacionalizadora de los 2000.
Los indicios son variados: desde las últimas declaraciones públicas de funcionarios oficiales que involucraron a Aerolíneas Argentinas y a “todo lo que se haría” con los subsidios a la línea de bandera, hasta la difusa injerencia estatal en YPF, expuesta a ser una jugadora más del mercado pero que, al mismo tiempo, es la que más sufre las políticas de ajuste exigidas por el FMI (no hay certezas sobre los compromisos de pago que se le adeudan por el Plan Gas, donde es la principal acreedora, y recién el último viernes el Gobierno resolvió la compensación por las diferencias diarias acumuladas a favor de las distribuidoras de gas para remunerar a las productoras tras la devaluación, con 30 cuotas mensuales a partir del 1 de octubre de 2019).
A eso se suman los despidos en Fabricaciones Militares de mediados de año, el masivo cesanteo a trabajadores de Télam de junio –lo que llevó a que la agencia nacional de noticias se convirtiera durante algunos días en mera reproductora de cables de otras agencias, imposibilitada de cubrir la información con recursos propios– y la idea –cuestionada por el propio radicalismo– de vender las acciones estatales en Transener, la empresa de transporte de energía de alta tensión. ¿Será entonces que asistimos a una nueva etapa donde, en pos de minimizar el rol del Estado en la economía y maximizar el del sector privado, ya no resulte necesario recurrir a la venta de empresas públicas sino sólo comprometerlas al ajuste fiscal para relegarlas, así, a un papel cuasi testimonial?
El Comodorense