Ocuparon una casa en la capital provincial y se colgaron de la luz de oficinas estatales. Generaron una deuda de más de $ 85 mil. Tienen una semana de plazo.
El viernes próximo a las 8.30, un grupo de ocho vecinos que fueron imputados por robarle de energía a la Fiscalía de Estado le llevarán una propuesta conciliatoria al juez Marcelo Di Biase para no ser sometidos a juicio oral y público.
El grupo está acusado de haber ocupado ilegalmente una casa de Pueyrredón 416 en Rawson y, desde julio del año pasado, haberse conectado clandestinamente a la red eléctrica de la casa contigua, que hoy ocupa ese ente provincial. Las facturas de luz saltaron de 6 mil pesos a más de 25 mil. La deuda que deberían afrontar ya es de 85.586 pesos.
Se trata de 6 mujeres y dos hombres. El viernes varios de ellos concurrieron a la audiencia en la Oficina Judicial de Rawson. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, ingresaron a vivir a la vivienda mencionada y todavía la ocupan y siguen colgados de la luz.
“En la misma fecha de la invasión a la vivienda y con seguridad desde antes del 16 de enero de 2019 procedieron a conectarse en forma clandestina de la red eléctrica domiciliaria sin autorización de la Cooperativa ni medidor de consumo, habiéndose constatado la situación en una diligencia de allanamiento de dicha morada”, leyeron en la acusación.
Detalles
“Se apoderaron de energía eléctrica consumida durante el período que permanecieron conectados en forma directa, atento que las conexiones eléctrica son traídas de manera clandestina del domicilio lindante, Pueyrredón 408, perteneciente a Vialidad Provincial y que a la fecha renta Fiscalía de Estado”. Según los informes fotográficos usaron cables y alargues colgados de techos y paredes para acceder al tendido eléctrico.
Según se dijo, “esto perjudicó a la Fiscalía en tanto legitimo usuario del servicio eléctrico a través del aumento del consumo de energía generado por la conducta de los imputados”.
El defensor público Damián D´Antonio propuso una salida alternativa. Y pidió que por ahora no sean desconectados ya que hay menores viviendo en la casa y “la energía es un servicio esencial”.
Recordó el principio de inocencia y deslizó que en el caso intervino el Juzgado de Familia, que verificó situaciones de hacinamiento habituales en familias vulnerables.
También concurrieron representantes de la Cooperativa capitalina. Y recordaron que la conexión clandestina se desactivó al menos dos veces pero que los ocupantes volvieron a colgarse. Hubo una “sensible afectación” a la calidad del servicio y “un evidente perjuicio económico” a Fiscalía.
“Cometimos un error pero no usurpamos –dijo una de las mujeres-. Era una situación desesperante por los chicos”. Al advertir que se autoincriminaba, el juez le recordó que tenía derecho a hacer silencio
Soluciones
Tras la audiencia, el representante de Fiscalía, Martín Castro, apuntó que “es una casa de Vialidad usurpada por desconocidos hace varios años y lindante hay una casa prestada de Vialidad a Fiscalía para oficinas. Desde julio advertimos un aumento considerable, de unos 20 mil pesos”.
El objetivo de la causa es el recupero de la deuda y evitar otra conexión ilegal. “También es un riesgo para ellos y la solución es compleja por la presencia de menores; coincidimos con que es un servicio esencial pero también peleamos lo económico”. Castro dijo que hay gestiones con la Cooperativa para que instale un medidor prepago y los imputados cuenten con el servicio sin robarle al Estado.
Por ahora, la investigación quedó abierta por seis meses.