Cuando comenzamos la tarea, nunca imaginamos estar hoy en estas condiciones: sin haber podido jurar la Carta Orgánica, habiendo recibido dos notificaciones de la justicia, sin rumbo y con profunda angustia. En realidad, todos aspirábamos a un final totalmente distinto”, resaltaron ayer los convencionales de Lago Puelo, protagonistas de un crisis política que puso al intendente Raúl Ibarra en la situación de no poder seguir ejerciendo y el cargo (y menos pretender la reelección) por haber sido funcionario del proceso militar que finalizó en 1983.
La norma, convocada por el propio jefe comunal hace poco más de un año, se encuentra en vigencia luego de haber sido aprobada por unanimidad por la Legislatura chubutense, aunque la semana pasada una medida cautelar de última hora del juez Guillermo Gregorio puso freno a los acontecimientos, aceptando la judicialización del caso, que tendrá que resolver finalmente el Superior Tribunal de Justicia.
“A partir de entonces se desencadenó de parte del intendente y su grupo afín una serie de improperios, injurias y ofensas acerca de las supuestas intenciones que habría tenido esta convención al elaborar la Carta Orgánica. Creemos francamente no ser merecedores de tales agravios. Hemos desarrollado nuestro trabajo con el único norte de hacer lo mejor para la comunidad de Lago Puelo”, reseñó Juan Pablo Pratolongo (Chu.So.To.), acompañado de sus pares Roxana Nahuelquir (Chu.So.To.); Liliana Mihelj (FpV); Hugo Cancino (Cambiemos) y Edgardo Mele (FpV).
Agregó que “no nos guió ningún afán personal o partidario, solo nuestro leal saber y entender, nuestra honradez y rectitud de procederes, sin influencia de sector alguno. Al parecer, no ha sido entendido por muchos. Lo lamentamos profundamente y el tiempo dará respuesta a quienes ven en nuestra labor una intención distinta a la recta y loable que fue nuestro compromiso”.
En contrapartida, para Raúl Ibarra “la interpretación, efectos y aplicación del artículo 34° (que lo deja afuera del municipio), es una cuestión eminentemente técnica y jurídica; no política, donde cada uno la valora en la medida que le conviene. Los convencionales no quisieron tomarme juramento y advirtieron que quedaría bajo la figura de usurpador del cargo, una cuestión gravísima toda vez que soy un intendente constitucional elegido por su pueblo”.
Castigó enseguida al presidente del Concejo Deliberante, Julián Cayún (Cambiemos), quien “llamó a la comunidad de Lago Puelo para que se me desconozca, lo que es de una gravedad extrema e inoportuno. Dijo concretamente que todos los actos de gobierno son de nulidad absoluta, lo que pone en riesgo la institucionalidad del municipio”.
No obstante, adelantó que “vamos ante la justicia por la solución de fondo de este problema, que es ver la constitucionalidad del controvertido artículo 34°, que llevará todo un proceso. Hasta tanto, seguiré gobernando, estoy en la plenitud de mi mandato, con todas las facultades y potestades que me da la ley”, aseveró.
En referencia al presunto autor intelectual de la proscripción, Ibarra reiteró que “si tenía sospechas, hoy a la luz de lo sucedido, estoy seguro que se trata de la misma gente que me fue a buscar para armar la alianza Cambiemos, con la que ganamos en 2015”.
Al respecto, Hugo Cancino recordó ayer que apenas asumido, Raúl Ibarra “se pasó rápidamente al Chu.So.To., traicionando el acuerdo comprometido, al tiempo que aplicó el nepotismo en su función, contratando a sus hijos y a sus familiares, a sus parejas y toda persona amiga para los distintos cargos, tomando al estado como un patrimonio particular”.
En respuesta a la acusación de ser “el monje negro” que redactó el artículo 34°, el abogado puelense dijo que “es un clishé que instala en la comunidad para generar una grieta que en realidad no existe”.
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