El Gobierno, a través del SENASA, puede provocar en las próximas semanas la muerte de 30.000 ovejas en campos de la cordillera Patagónica. Esto se debe al bloqueo del organismo para movilizar animales, lo que ha generado sobrepoblación en exceso, y consecuentemente la mayoría de ellos quedarán sepultados bajo los efectos devastadores de las primeras nevadas invernales en la cordillera. Todo ello ocurre pese a la existencia de una medida cautelar dictada por la Justicia, cuyo fin establecía que no debía bloquearse la operación comercial de las compañías.
Los campos pertenecen al empresario Cristóbal López, detenido hace más de un año en el penal de Ezeiza.
En los próximos días se comenzarán a ver imágenes de lo que esa arbitraria decisión está provocando. Animales muertos y campos estériles serán parte del paisaje patagónico, producto del accionar del organismo público que bloqueó sin argumentos el giro comercial ordinario de las compañías. Según dichos de la defensa, este accionar es ilegal y agrede abiertamente las medidas cautelares dictaminadas por el juez de instrucción el 14 y 15 de julio de 2016, cuyo fin era resguardar y preservar los activos societarios, y no por el contrario, pretender destruirlos, informó Ámbito Financiero.
Los directivos de SENASA, tanto de la delegación de Comodoro Rivadavia como a nivel regional y nacional, de forma arbitraria, no permiten que las empresas Ganadera Victoria, Ganadera Santa Elena y Sucesores de Ramón Lorenzo comercialicen el ganado producido de su propiedad. Es por eso que los dueños de estas empresas denunciaron que aparecerán cuantiosas muertes de animales en los campos explotados, producto de la “desmesurada” sobrepoblación. Esto les obliga, según dice la presentación que hizo el grupo empresario a la Justicia, a hacer público el temerario accionar de SENASA, para delimitar su responsabilidad ante cualquier daño ambiental que pueda producirse en la zona afectada, y por sobre todo ante el Estado nacional, quien se supone pretendía preservar dichos activos para el hipotético caso de que el empresario deba responder en un futuro con ellos.
“El paso final del arbitrario accionar del SENASA y sus autoridades está próximo a su desenlace y consiste, ni más ni menos, que en la inminente muerte de 30.000 animales por falta de alimento y condiciones aptas para soportar el invierno”, dice el texto presentado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, a cargo de los Sres. Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Rios, y que al día de hoy se encuentra sin resolver, pese a las urgencias esgrimidas.
La sobrepoblación, que suma aparte el deterioro irreversible de los campos y que los volverá estériles, se debió a “la caprichosa negativa del SENASA a permitir su comercialización” hace más de un año pese a lo dispuesto por la Justicia. Este despropósito “sólo se justifica en el afán del SENASA de dañar” a los dueños de esos campos “por el daño mismo”. Es que la medida cautelar en la que se amparan las empresas subraya que en relación con las sociedades inhibidas, no se deberá afectar el giro comercial ordinario vigente.
Los empresarios también denuncian “la mendacidad con la que el SENASA ha procedido” ya que le aclaró al Tribunal Oral N° 3 que los RENSPA obraban desbloqueados, lo cual no es cierto. Las autoridades de SENASA que han llevado a cabo dichas acciones son principalmente Ricardo Negri, Agustín Medrano, Jorge Luis Darriva y Marcos Apud, y no se descarta la participación de otros. Las sociedades damnificadas han manifestado que ya se encuentran iniciando acciones legales contra el organismo y sus autoridades, a los efectos de resarcir los daños patrimoniales ocasionados.
ADN Sur