El fiscal federal Fernando Gélvez pidió la elevación a juicio oral y público de la histórica Causa 500, que investigó múltiples violaciones a los Derechos Humanos en la Unidad 6 de Rawson. Es el expediente más extenso y complejo sobre un caso de lesa humanidad en Chubut.
Hay imputados 24 jubilados del Servicio Penitenciario Federal, un médico y un retirado del Ejército. Están procesados por privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público y mediando violencia, y amenazas y torturas agravadas por ser las víctimas perseguidos políticos. El médico está acusado de encubrimiento.
En un texto de más de 1.600 páginas, al explicar la represión ilegal en la U-6, Gélvez precisó que la mayoría de los presos políticos llegó de cárceles como Resistencia, La Plata, Córdoba o Bahía Blanca. Otros pasaron por centros de represión y tortura, como el Regimiento de Infantería Nº 8, General Bernardo O’ Higgins (RI8). También por delegaciones de la Policía Federal. Salían torturados.
Los detenidos que llegaban a la Base Aeronaval Almirante Zar habían sido castigados severamente con puñetazos, patadas y culatazos en pleno vuelo, encapuchados y con las manos atadas. En la Base los subían a camiones a trompadas. La requisa volvía a golpearlos salvajemente, les sacaba sus pertenencias, en ocasiones se los rapaba e iban a celdas de aislamiento (en la jerga carcelaria, “chanchos”) para un “período de adaptación” de hasta un mes. Eran dos metros cuadrados para diez personas. Casi sin luz, no tenían higiene ni abrigo. Tenían una mínima ración alimenticia aunque pasaban días sin comer.
El preso estaba incomunicado. Rara vez podía ir al baño: hacía sus necesidades en ese espacio. Eran insultados, amenazados y golpeados. En noches bajo cero los desnudaban y les echaban baldes de agua fría en la celda. Ya “adaptados”, iban a pabellones.
Desde 1976 el régimen se basó en la destrucción física y psíquica, para “despersonalizar” a los presos. En 1977 cambió la Dirección del penal y se recrudeció la tortura psicológica: maltratos, empujones y trompadas, palos de goma o de madera, culatas y puntapiés en los pasillos, el baño y el recreo. Había requisas vejatorias; baños prolongados con agua helada en invierno varias veces al día y a cualquier hora; escasa o nula alimentación y negación de atención médica. Al menos dos internos murieron. Un golpe frecuente era el “teléfono”: aplastar los oídos y el cráneo entre las palmas de las manos.
Hasta 1980 se instauró un régimen de amenazas, violencia física, amedrentamiento, simulacros de ataques al penal con disparos de madrugada; incomunicación con el exterior y limitada entre los compañeros; o visitas muy esporádicas, vidrio de por medio, comunicación por micrófono y grabación de las conversaciones.
Según la pesquisa de Gélvez, el régimen los sometió a más de 200 órdenes: formas de atarse los zapatos; prohibición de compartir pertenencias, o un mate; forma de hacer la cama y de sentarse; prohibición de levantar la mirada y de mirar por las ventanas; tiempo para afeitarse, entre muchas otras. Las reglas cambiaban según la guardia.
Solían inmovilizar al preso: le colocaban en la cara un trapo o algodón con cloroformo y lo arrastraban a “los chanchos”. Volvía en estado deplorable, con llagas y tan débil que no podía levantarse, visiblemente golpeados, habiendo bajado más de veinte kilos, con alucinaciones y serias dificultades motrices. Eran sometidos a interrogatorios. “Cuando los sacaban de sus celdas, vendados y esposados, los detenidos sufrían la angustiante incertidumbre de no saber su destino final: un interrogatorio, ´los chanchos´, un centro clandestino o la muerte”.
“Perdían la autovaloración y el sentido de las relaciones con sus compañeros; se iban quebrando emocionalmente por vivir en un estado de terror y amenaza constante a su integridad psicofísica. Al menos tres reclusos se suicidaron”, explicó Gélvez.
Los detenidos y sus familiares denunciaron estos episodios al juez federal Omar Garzonio, quien visitaba el penal, y a otros magistrados. Las presentaciones fueron rechazadas o ignoradas.
La lista de acusados incluye a Héctor Gamen, preso en Marcos Paz y retirado del Ejército. Los penitenciarios jubilados son Ricardo Mejías, Héctor Cantero (martillero público), Juan Castillo, Guido Díaz y Antonio Bienvenido Olmedo.
También César Wahnish, Jorge Osvaldo Steding, Ramón Govi, Miguel Ojeda, Juan Roldán y Serapio Sotelo.
La lista sigue con Rogelio Nicanor Recio, Tomás Núñez, Juan Carlos Abraham, José Roberto Chaparro y José de la Cruz Molina, de Resistencia y voluntario de Caritas.
Otros imputados son José Antonio Casanova, Ramón Aníbal Rodríguez, Julio Orlando Acevedo, Jorge Bernardo Vicente, Cipriano González, Ramón de Jesús Sosa y Rafael Ruiz Díaz. Todos son vecinos de Rawson. Emilio Dambra, otro acusado, vive en Esquel. El último imputado es Raúl Barck. Es médico y vive en Jerusalén.
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