En un extenso artículo de investigación, Horacio Verbitsky da cuenta de las relaciones de negocios mineros entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fernando Rosenkrantz y el presidente Mauricio Macri a través de un directivo dentro del Grupo Macri y del abogado Gabriel Bouzat, socio del estudio Bouzat, Rozenkrantz & Asociados.
La empresa Minera Geometales, una de las tantas que integran el Grupo Macri, cuenta con el contador mendocino Julio Pulisich como su apoderado, quien también es el eslabón perdido entre Macrì y Rosenkrantz en sus negociados ya que Pulisich participa del directorio de la empresa Oromin Explorations, una compañía minera con sede en Vancouver, Canadá, que tiene entre sus directores a Gabriel Bouzat, el polémico socio de Ronsenkrantz.
Esto se conoció cuando Macri designó Rosenkrantz como comisionado del Poder Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia, y tuvo que entregar una lista parcial de los clientes del estudio que compartía con Gabriel Bouzat. Entre ellos figuraba la empresa Oromin.
La dirección de Oromin en la Argentina es Santa Fe 1193, piso 3°, donde funciona el estudio del que Rosenkrantz se retiró en 2016 para asumir como comisionado presidencial en la Corte Suprema. Una grosería que fue corregida por allegados al Gobierno.
Para graficar las consecuencias de este vínculo en las decisiones judiciales y políticas del gobierno de Cambiemos se puede aludir al acuerdo que mantiene el presidente de la empresa Oromin, Chester Idziszek, con la multinacional minera Barrick Gold.
En la lucha por la «Ley de Glaciares», que impone restricciones a la explotación minera en defensa del medio ambiente, la Barrick Gold ejerce una fuerte presión para que se declare su inconstitucionalidad. Una puja que tiene a Rosenkrantz con claros intereses en lo que pueda conseguir la empresa asociada a Oromin.
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