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Caso D’Alessio: el juez Ramos Padilla “invitó” a declarar a Claudio Bonadio, Lilita Carrió, Mariana Zuvic y Paula Oliveto

Espoleado por las revelaciones de la Operación Puf, en la que está apuntado como supuesto partícipe de una maniobra para lastimar la causa de los cuadernos de las coimas, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla firmó este martes un escrito en el que pone al día y comunica los límites de su investigación de una supuesta red de espionaje ilegal, identifica 31 supuestas operaciones de inteligencia por parte de una asociación ilícita y enumera a todos los procesados en el caso, los querellantes, quienes pretenden ser aceptados en esa condición y los próximos investigados: el periodista de Clarín Daniel Santoro, a quien este lunes citó a prestar declaración indagatoria, el juez federal Claudio Bonadio y las diputadas y referentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, a quienes «invitó» a «presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles».

El juez responde a la orden de la Cámara Federal de Mar del Plata, que le había indicado que determine «con total claridad y precisión» el «concreto y definitivo objeto procesal» de la causa, que comenzó investigando un supuesto intento de extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest y terminó descubriendo una red de espionaje ilegal cuyos miembros, actos y víctimas no terminaron de aclararse en el transcurso de la instrucción.

Antes que nada, Ramos Padilla anticipa que la resolución de este martes se exponen «algunas consideraciones generales sin ahondar en el análisis y valoración de la prueba de cada uno de los casos particulares que fueron o habrán de ser materia de tratamiento específico en las resoluciones de mérito que corresponda dictar en relación a cada uno de los posibles involucrados.»

El juez sintetiza entonces que «se investiga en estos actuados una organización criminal clandestina que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos y económicos que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior, para beneficio de sí misma, de sus integrantes y de terceros».

Se trata de una organización extensa, de tipo modular,que modificó su composición y despliegue de acuerdo a los distintos tipos de operaciones a desarrollar. Así, sus integrantes entraron en acción conformando distintos grupos, aliándose con terceros, tomando cualquier recurso a su disposición, sin importar su legalidad o ilegalidad».

«Para concretar sus fines delictivos la organización tuvo a su disposición recursos que fueron posibilitados por las relaciones estratégicas entabladas con integrantes de los tres poderes del Estado; también se valió de la utilización de periodistas y medios de prensa que fueron claves para el éxito de sus operaciones», sigue la explicación del juez.

En su resumen, Ramos Padilla enumera a todos los procesados y detenidos en la causa -Marcelo Sebastián D’Alessio, Ricardo Oscar Bogoliuk,Norberto Aníbal Degastaldi, Rolando Hugo Barreiro y Juan Ignacio Bidone-;  a quienes fueron aceptados como querellantes -Pedro Etchebest, Maximiliano Rusconi, José Manuel Ubeira, Roberto Porcaro, Ricardo Echegaray, Gabriel Traficante, Roberto Baratta, Gonzalo Brusa Dovat, Eduardo Félix Valdés, Gabriel Garcés, Gustavo Vera y Mario Cifuentes-; a los que pidieron esa condición y aún no tuvieron respuesta -entre otros, Aníbal Fernández, Julio De Vido, Hugo Moyano, el narco Ibar Pérez Corradi y el ex camarista Eduardo Freiler-.

El magistrado aclara entonces que «se encuentran querellados el doctor Claudio Bonadio, las legisladoras Paula Oliveto Lago, Elisa Carrió, Mariana Zuvic, y el periodista Daniel Santoro», quien será indagado el 25 de junio. Además, recuerda que el fiscal Carlos Stornelli se mantiene en rebeldía, y que fueron indagadas otras ocho personas sobre quienes aún no se decidió su situación procesal.

Respecto a Bonadio y las legisladoras de la Coalición Cívica, en cambio, el magistrado los «notifica», «haciéndoles saber de su derecho de presentarse al tribunal, prestar declaración, aclarar los hechos o indicar las pruebas que a su juicio podrían resultar útiles y conducentes».

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