Un revés judicial absoluto vuelve a sacudir el tablero político argentino y sepulta, al menos por ahora, las intenciones de la ex mandataria de aliviar su encierro.
La Cámara Federal de Casación Penal dictó una resolución fulminante que bloquea de manera directa las pretensiones de flexibilizar el cumplimiento de su condena, obligándola a mantener estrictas restricciones de control dentro de su propiedad.
El duro rechazo de la Justicia: Sin terraza, sin visitas y con tobillera
El máximo tribunal penal del país declaró completamente inadmisible el recurso extraordinario que la defensa de la ex presidenta había presentado con el objetivo de llegar a la Corte Suprema de Justicia. El reclamo central de la ex vicepresidenta apuntaba a desmantelar las condiciones actuales de su arresto, exigiendo formalmente que se le retirara la tobillera electrónica, que se ampliara el régimen de visitas permitido en el domicilio y que se autorizara el uso de la terraza en el edificio ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires.
El tribunal consideró que la presentación no cumplía con los requisitos legales mínimos y obligatorios para que el máximo tribunal del país tomara intervención en el caso. Con este dictamen, la ex funcionaria deberá seguir bajo el estricto protocolo de vigilancia que se le impuso a mediados del año pasado.
División entre los jueces y la última jugada que le queda a CFK
El rechazo definitivo contó con el fuerte argumento del juez Gustavo Hornos, quien advirtió que la resolución recurrida no posee un carácter definitivo y que los abogados de la ex mandataria fueron incapaces de demostrar un agravio que sea imposible de reparar. En sintonía, el magistrado Diego Barroetaveña subrayó de forma contundente que los planteos de la defensa no evidenciaban una violación real a los derechos constitucionales, sino que simplemente reflejaban un mero desacuerdo con las decisiones tomadas por las instancias judiciales previas.
Sin embargo, el fallo no fue unánime. En un voto de minoría, el juez Mariano Borinsky expresó su disidencia al sostener que el recurso sí albergaba cuestiones de peso constitucional. Para Borinsky, las limitaciones rigurosas sobre el uso del dispositivo electrónico y el control de las visitas diarias podrían estar vulnerando garantías fundamentales como el derecho a la intimidad, la privacidad y el principio de igualdad ante la ley.
A pesar de este debate interno, la realidad jurídica es una sola: se mantienen firmes las reglas del juego fijadas en junio del año pasado tras la histórica condena en la causa Vialidad, la cual le impuso a la líder del Kirchnerismo una pena de 6 años de prisión junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ante este escenario adverso, a la defensa técnica de Cristina Kirchner solo le queda una última e incierta carta: acudir de manera directa a la Corte Suprema mediante un recurso de queja para intentar revertir su encierro.