Las pausas para tomar un café, comer un bocadillo o fumar un cigarro; el uso personal de internet, el correo electrónico o las redes sociales; retrasarse al entrar o anticipar la salida; convocar reuniones sin objeto o prolongarlas más allá de lo razonable… Medido en horas de trabajo, las prácticas de presentismo que la nueva ley de registro horario de España deja abiertas a negociar entre empresas y trabajadores tienen un coste anual de 3.300 millones anuales, según la consultora de recursos humanos Adecco.
El cálculo de este coste se realiza a partir de las prácticas más frecuentes que se realizan de forma cotidiana en la jornada y que recortan lo que se denomina tiempo efectivo de trabajo. Adecco lo ha establecido a partir de una encuesta sobre 30.000 empresas y con tres tipos distintos de simulación: pausas de 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos en cada jornada laboral.
A partir de esta base, «las pérdidas de tiempo diarias suman entre 53,8 y 161,3 horas anuales por asalariado presentista, lo que multiplicado por un coste laboral de 20,01 euros, da lugar a un coste mínimo anual de hasta 3.227 euros por «asalariado presentista».
¿Cómo se lleva a cabo? La mayor parte del tiempo no efectivo se dedica a navegar por internet, consultar el mail personal o interactuar en las redes sociales, seguido de parar a tomar un café o bocadillo. El tabaco es motivo en un 12% de los casos y la impuntualidad en un 6%.
Lo llamativo es que, al menos en lo referido a lo extendido de esta práctica en la cultura del trabajo en España, la mayoría de las empresas considera que sus plantillas no abusan de las pausas, mientras que tres de cada 10 detectan esta práctica en los empleados pero la restringen a una minoría.
«El presentismo siempre ha existido y se tolera porque no hay una métrica solvente ni herramientas en las empresas para controlarla. Como no sé como medir el tiempo efectivo de trabajo, exijo presentismo», explica Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute, la firma que ha elaborado el estudio. La mayoría de las empresas utilizan los controles de entrada y salida como principal herramienta, seguida de normas de acceso y uso de internet, reuniones con hora límite y, el más drástico, el apagado de luces.
«Muchas veces es el jefe el que debe dar ejemplo al no programar reuniones a partir de cierta hora. La novedad es que el Gobierno ha abierto el debate para medir el trabajo extra por un lado y las interrupciones y el tiempo efectivo de trabajo, por otro», dice Blasco. El autor del estudio desaconseja la vigilancia sobre los empleados por las consecuencias que puede tener la falta de confianza en el clima laboral y advierte que este control también tiene costes.
En UGT, por su parte, la opinión es totalmente distinta. «Las pausas existen porque benefician a las empresas y a los trabajadores al mejorar la productividad y hacer más digno el trabajo», explica su portavoz. En pleno proceso de negociación entre sindicatos y empresas para reflejar estas pausas en los acuerdos, la indicación que ofrece este sindicato a sus afiliados es que no cedan en las pausas reconocidas en los convenios. «Hay negociaciones que están llevando a recortes de estos tiempos», advierte.
Es la primera vez que el estudio anual que elabora Adecco sobre el absentismo laboral incluye el presentismo, la otra cara del espíritu del decreto que obliga a establecer desde el pasado 12 de mayo en todas las empresas un registro horario que aflore las horas extraordinarias que se realizan en las empresas y que no se pagan ni se cotizan.
Según la última encuesta de población activa, en España se hacen cada semana 5,7 millones de horas extraordinarias. De estas 2,6 millones no se pagan y, por tanto, serían fraudulentas. En los últimos años, la actividad en horas al margen de la jornada ordinaria de trabajo bajado después de que se llegara a un máximo a finales de 2015, con 3,5 millones.
Los 3.300 millones de euros que cuestan las pausas para la economía española han sido asumidas hasta ahora como un coste laboral. En opinión de Blasco, el problema es que lo que no era un problema pasa a serlo ahora por la posibilidad de que las empresas quieran cubrirse midiendo tiempos intermedios antes de tener que dar explicaciones a la Inspección de Trabajo por horas extraordinarias. «Pasada esta marea, el Gobierno debería buscar un sistema menos riguroso de control de horarios», afirma.
