El Gobierno nacional afronta con elevado optimismo las audiencias decisivas fijadas para el 10 y 11 de noviembre ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
La presentación busca frenar los avances del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte —liderado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration— antes del inicio de sus perforaciones comerciales programadas para 2027.
La presentación ante el tribunal internacional se enmarca en el arbitraje iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El pedido formal de medidas provisionales, ingresado el 13 de octubre, exige la suspensión inmediata de las actividades de explotación y la protección del medio marino para evitar consolidar una situación irreversible sobre el subsuelo disputado.
Estrategia judicial, equipo legal y plazos de resolución
Aunque en el Poder Ejecutivo transmiten máxima confianza sobre los fundamentos expuestos, en el Gabinete aclaran que la resolución no será inmediata. Tomando como parámetro el precedente de 2012 con la retención de la Fragata ARA Libertad en Ghana, estiman que la decisión de los magistrados demandará entre dos y cuatro semanas, por lo que el pronunciamiento formal se conocería entre la segunda quincena de noviembre y los primeros días de diciembre.
La comitiva legal que representará al país en Alemania estará encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, junto a técnicos de Cancillería, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Economía. El equipo estará integrado por especialistas como Mario Oyarzábal, Juan Ignacio Stampalija, Santiago Castro Videla y Betina Pasquali de Fonseca, además de consultores internacionales de peso como Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.
Endurecimiento legislativo y despliegue logístico en la Patagonia
La ofensiva ante los tribunales internacionales se complementa con un plan integral impulsado desde el Poder Ejecutivo:
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Iniciativa legislativa: El Gobierno impulsa en el Congreso la aprobación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que ya cuenta con dictamen en la Cámara de Diputados. La propuesta busca crear el Consejo de Seguridad Nacional y dotar al Estado de un marco punitivo más estricto contra empresas y proveedores vinculados a la exploración ilegal en las islas.
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Procesos administrativos: Cancillería notificó más de 180 notas de desaliento a compañías extranjeras y mantiene abiertos expedientes sancionatorios contra 60 personas físicas y jurídicas relacionadas con la actividad petrolera en el archipiélago.
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Presencia en el Atlántico Sur: Se confirmó el envío continuo de partidas presupuestarias para la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, proyectada como centro logístico de control marítimo y soporte para las operaciones en la Antártida.