La justicia imputó por ese delito a Marcela Montero, tras una denuncia realizada por un empresario de Puerto Pirámides. El exfuncionario provincial no pudo ser encontrado en su domicilio.
Marcela Montero fue imputada de «tráfico de influencias». Se la investiga junto a Alberto Vargas por, presuntamente, pedirle 300 mil dólares a un empresario para gestionar la aprobación final de un proyecto de obra de un hotel en Puerto Pirámides.
El expediente judicial investiga la presunta comisión del delito de “tráfico de influencias” cometidos por Alberto Vargas y Marcela Montero. La causa se inició con la denuncia de un empresario que afirmó que le solicitaron 300 mil dólares para aprobarle la obra de un hotel en Puerto Pirámides.
La apertura de investigación se realizó la mañana del martes en Tribunales ante la jueza Patricia Asaro. La causa, que tramita en la fiscalía de Puerto Madryn, comenzó en Septiembre del año pasado, luego que un empresario oriundo de Buenos Aires efectuara la denuncia penal “por el pedido de dinero para lograr la aprobación de un final de obra para un hotel que está construyendo en la villa balnearia”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Montero, quien fue patrocinada por el abogado de la defensa pública Gastón Ledesma, decidió no declarar ante la jueza y no se opuso al plazo de investigación que será de seis meses. Vargas, por su parte, no pudo ser notificado por la Oficina Judicial, por lo que se realizará una nueva audiencia.
La Fiscalía solicitará la apertura formal de la investigación para formular las imputaciones de “tráfico de influencias” para Alberto Vargas como autor y para la mujer como partícipe. El delito está previsto en el artículo 256 bis del Código Penal y establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por interpósita persona, solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público”.