Lacunza también recibe la cartera con presiones del ala política del gobierno que aspiran a lograr más medidas de “alivio” para la población. Una de las críticas más fuertes es la falta de ajuste de las jubilaciones. Se comenta que por el momento se descarta algún tipo de ayuda monetaria adicional a este sector.
Es que, señalan, debe tenerse en cuenta que la Argentina es uno de los países que más dinero destina a la seguridad social – más de 11 puntos del PBI – de donde cualquier ajuste en los ingresos de los pasivos tendría un efecto desequilibrante de las cuentas públicas, a menos que se creen nuevas fuentes de ingresos.
Otro frente que tendrá que atender el nuevo ministro son los gobernadores que han puesto el grito en el cielo por la decisión de la administración central de otorgar medidas de alivio que suponen un recorte en los fondos que reciben las administraciones provinciales calculado en 51.000 millones de pesos.
Y como si todo esto fuera poco, en los próximos días vendrá una misión del Fondo Monetario Internacional para revisar la situación argentina. Cabe recordar que el acuerdo con el organismo internacional contempla un nuevo desembolso de fondos por 5.500 millones de dólares.
Los especialistas auguran una discusión entre las autoridades nacionales y el FMI por la marcha de las cuentas públicas y consultoras como Quantum señalan que esta fuente de financiamiento “no estaría asegurada”.
La aceleración de la inflación es otro de los problemas graves. Las consultoras privadas proyectan una suba de 4 a 6% para el índice de precios de agosto y consideran que, de estabilizarse el tipo de cambio en valores próximos a los actuales, el salto en el dólar supondrá agregar unos 10 puntos a la inflación. Así, contra una estimación del consenso de los economistas que auguraba antes de la crisis una suba de precios de 40% para el año, ahora las previsiones hablan de un número superior al 50%.
Con aceleración de los precios y mayor caída en el poder adquisitivo, las consultoras también están corrigiendo a la baja las estimaciones de actividad. Los pronósticos privados ya hablan de una caída del orden de 2,5 en el producto bruto interno para el año. Como no podría ser de otra manera, la desocupación aumentaría, por encima del 10% de la población activa, y la Universidad Católica Argentina anticipa un nuevo aumento de la pobreza que alcanzaría a 35% de la población.
Desafíos
Entre otras, una de las tareas que tendrá que encarar Lacunza será la elaboración del presupuesto 2020. En este sentido, aunque la ley establece que debe ser presentado al Parlamento en septiembre bien podría ser que se apele a una excepción.
En realidad, en un país con una economía estable no sería un obstáculo porque aunque cambiase el signo político que deba ejecutarlo en líneas generales las variables del presupuesto no serían motivo de discrepancia
Una de las indicaciones que le dio el presidente Mauricio Macri al designado ministro es tratar de mejorar la situación económica para pelear en las elecciones de octubre.
En este sentido, Lacunza se enfrenta con un gran problema. El periodo 2018/2019 el salario real tuvo una caída de 10,5%, según Ecolatina, superior al 8% que se registró en la crisis de 2008/2009 y solo superado por el retroceso de 16,4% que cayó el poder adquisitivo en el 2001/2002.
Las medidas anunciadas constituyen solo un paliativo para el deterioro que vienen sufriendo los ingresos de la población. Por ejemplo. el economista Nadin Argañarz calcula que la modificación al impuesto a las ganancias redundará en un aumento del 2 al 3% en los sueldos de los trabajadores en relación de dependencia, cifra que muy por detrás de la suba no menor al 10% que sufrirán los precios tras el salto de dólar.
Además, es de prever una continuidad del proceso recesivo que llevaría a que el año culmine con una caída en el producto cercana a 2%.
Se estima una caída del consumo del 4%, junto con un retroceso de 14% en la inversión y con las exportaciones como único elemento dinamizador desde el punto de vista de la demanda, con una suba de 8%.
Por otro lado las medidas anunciadas indicarían una pérdida de ingresos para el Tesoro y un aumento en el gasto por el equivalente a cerca de 0,2% del producto bruto interno. En consecuencia, se prevé que el año cerraría con un déficit primario del orden de 0,7% del PBI y un desequilibrio de 4,5 puntos en el resultado financiero.