Ya se cumplió un mes y medio del arranque del histórico juicio contra sacerdotes por los abusos sexuales de niños sordos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. El debate avanza a paso lento, plagado de estrategias y artilugios de la defensa, mientras se difunden las largas grabaciones de las cámaras Gesell con los duros testimonios de las víctimas.
Por tal motivo, los familiares de los damnificados y la querella piden a los jueces mayor celeridad, por el alto grado de vulnerabilidad de los denunciantes. De hecho, al comienzo del debate, el 5 de agosto, se previó que a fines de ese mes se conocería la condena. Ahora, desde la Justicia provincial creen que el proceso concluirá en noviembre.
«Estimamos que en noviembre se estaría terminando el juicio. En las últimas semanas se pudo avanzar un poco más, por eso esperamos que no surjan dificultades en lo que queda del camino. Tenemos expectativas de llegar al fin del proceso en un mes y medio aproximadamente», explicaron a LA NACION desde el tribunal que sigue la megacausa, comandado por Carlos Díaz, Alejandra Ratto y Mauricio Juan.
Asimismo, indicaron que desde que arrancó el juicio, entre las cámaras Gesell reproducidas en la sala y las realizadas en vivo, ya declararon 15 ex estudiantes, en 19 jornadas. Puertas adentro de la Justicia reconocen también que uno de los obstáculos es el tiempo, ya que las audiencias sólo se realizan durante la mañana, de lunes a jueves, por lo que los afectados insisten con la necesidad de que los jueces también sigan el caso Próvolo por las tardes y dejen de abocarse a otros expedientes judiciales. A esto, mientras se espera que finalicen las cámaras Gesell, se suma el inicio de las declaraciones de casi 100 testigos, que son parte central de la investigación.
La megacausa que escandaliza a la Iglesia Católica, que se divide en tres partes, tiene hoy en el banquillo de los acusados a dos curas, Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (61), y a un ex jardinero, Armando Gómez (51), quienes están imputados por vejar a ex alumnos del instituto religioso que nació en Verona, Italia y tiene sede en La Plata, Buenos Aires, donde también hay una causa judicial en proceso.
Las condiciones de salud de los imputados, por padecer también problemas auditivos, puso de relieve las complejidades y artilugios defensivos para dilatar el proceso, aunque finalmente se logró avanzar mediante la instalación en la sala de un software que permite leer lo que se dice de manera oral. También hubo retrasos al pedir nuevas pericias psicológicas a uno de los acusados, que finalmente dejaron en claro que debe seguir en el banquillo. De igual modo, la reproducción de las filmaciones de las cámaras Gesell también lleva su tiempo, ya que se trata de grabaciones que duran varias horas, y se estima que son más de 30 los testimonios recabados bajo esta metodología, sin contar los que se realizan en vivo, a pedido del tribunal o a voluntad de las víctimas.
«Seguimos en esta etapa con las cámaras Gesell, quedan pocas, tanto grabadas como en vivo. Tras eso, se vendrán unos 97 testigos, para luego pasar a los alegatos. Es una causa que empezó trunca y va tomando envión», expresó a LA NACION el abogado querellante Sergio Salinas, miembro de la ONG de Derechos Humanos Xumek.
Los testimonios dados a conocer hasta ahora han sido fuertes y contundentes, y dejaron cada vez más comprometidos a los imputados. Los crudos relatos de varones y mujeres van desde insinuaciones, obligación de ver material pornográfico, tocamientos, violaciones y ataques en manada hasta encubrimientos y malos tratos durante años, que en algunos casos derivaron en expulsiones de la institución. Desde un chico de 17 años que contó que fue obligado a practicarle sexo oral a uno de los acusados, pasando por otro joven que aseguró que a los cinco años fue violado por el cura Corbacho o por el caso de una niña que usaba un pañal para detenerle el sangrado tras ser vejada, hasta la revelación de un hecho de acceso carnal perpetrado por Corradi, además de abusos grupales de religiosos y empleados contra los pupilos. También, se acusa a la monja Kumiko Kosaka de «entregadora» y por tocamientos.
En el medio, ante cada declaración de las víctimas, que apuntan, por caso, a un acusado en beneficio o detrimento de otro, no dejan de surgir presentaciones de la abogada defensora de los imputados, Alicia Arlotta, quien entiende que también se dan «conflictos de intereses» a la hora de desarrollar su tarea. De todas maneras, estos reclamos están siendo desestimados por el tribunal, pero son instancias que atentan contra el avance del juicio, indican desde la querella.
Por las denuncias en el Próvolo mendocino, que arrancaron en noviembre del 2016, son 14 las personas imputadas en tres causas. Así, además de los tres hombres que están hoy en el banquillo de los acusados, menos el ex monaguillo, Jorge Bordón, quien se declaró culpable en un juicio abreviado, y un ex administrativo, que fue declarado inimputable, habrá dos nuevos juicios más adelante, en los que deberán responder las monjas Kosaka y Asunción Martínez, y demás personal directivo y administrativo.
El actual debate, por ser de instancia privada, ya que se juzgan delitos de abuso sexual, se realiza a puertas cerradas, y cuenta con la participación de intérprete de Lenguas de Señas Argentinas. Los imputados por abuso sexual con acceso carnal, agravado por ser las víctimas menores de 18 años y por convivencia preexistente con los ex alumnos, corrupción de menores, y en el caso de los curas, por ser ministros de culto, enfrentan penas de 50 años de cárcel por una treintena de hechos, informó La Nación.