En medio año, la devaluación de la moneda y su traslado al costo de vida en los hogares hicieron superar largamente las previsiones de todo 2019 destinadas a la alimentación. Y después de las PASO se sumó otra corrida cambiaria que le dio el tiro de gracia a un presupuesto que se había calculado con una inflación del 23% y un dólar a 40 pesos.
Antes de las PASO, en julio, una familia de 4 integrantes necesitaba ingresos superiores a 31.934 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza, pero a los 14 millones de ciudadanos pobres, según proyecta la medición actual la UCA, adquirir la cantidad mínima de comida que integra la Canasta Básica Alimentaria (CBA) les representaba 12.773,78, un valor por encima de cualquier plan social, jubilación o salario mínimos.
Para ese entonces, el costo de comer había acumulado en el año 66% y luego de las paso saltó un 25%, según estimó el diputado nacional y jefe del bloque Red por Argentina, Daniel Arroyo.
Los proveedores del Servicio Alimentario Escolar (Prosaer) lo corroboran y refuerzan, al reclamar un incremento del 30% en las partidas presupuestarias para poder garantizar una buena porción a los alumnos, siendo que por cada uno el gobierno de María Eugenia Vidal actualmente destina $27.
Paradójicamente, en el gabinete de la mandataria provincial duramente derrotada en las PASO se ufanaban hasta hace poco de haber aumentado la asistencia a comedores y merenderos escolares desde 2015 un 332% para almuerzos y un 338% para desayunos y meriendas: de 6,30 pesos a 3,90 por chico respectivamente se pasó a 27,20 y 17,10.
¿Cómo haría Macri para ganar en 1° vuelta con 35% del electorado pobre?
Y de que, mientras en 2010 el 24% de los que habitaban en la provincia recibían sus únicas comidas allí, con algún pico del 30,9% en 2014 durante la Administración Scioli, en 2018 llegó al 40,3%.
Desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, UCA, inclusive, remarcaron que la asistencia que brinda la provincia de Buenos Aires en 842 merenderos y 492 comedores escolares a su cargo es mucho mayor a la del promedio del país.
Las estadísticas de la UCA revelan la que sería una de las mayores falencias de gestión del Pro: en lugar de derramar números, bajarlos a vida cotidiana.
Al haber centrado la distribución en instituciones escolares sin un correlativo traslado hacia villas de emergencia, un 44% de los chicos en situación de “inseguridad alimentaria severa” terminó sin recibir ningún tipo de ayuda extra para costear la alimentación, siendo que 8 y medio de cada 10 se hallaba debajo de la línea de la pobreza que mide el INdEC y 4,2 de cada 10 reside en alguna de las 1.612 villas de emergencia que hay en la provincia de Buenos Aires.
Al gabinete de María Eugenia Vidal, del que proviene el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se le pasó por alto lo que la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el FIT, Romina del Plá, explicó en fácil: “Ahí hay tres problemas. El 1ro es que el aumento de chicos en cada comedor no es actualizado automáticamente con los fondos que manda el SAE. El 2do es que no todas las escuelas tienen un cupo del 100% de sus alumnos; y el 3ro es que no se incluye dentro del programa a los secundarios”, de modo que en algunas escuelas, donde en un mismo edificio hay primaria y secundaria, los directivos hacen rendir más el dinero para que todas puedan comer, indicó.
En el GBA los efectos se potenciaron, porque el 7,8% de los niños padece el más severo déficit en todos los nutrientes esenciales en la dieta alimentaria diaria.
En un reciente informe, la UCA remarcó que un 35,8% de los menores entre 0-17 años que se encuentran dentro del programa de cobertura de alimentos en la provincia de Buenos Aires sufre “inseguridad alimentaria total” y casi un 20% sufrió de hambre en el 2018. O sea que 2 de cada 10 chicos no tuvieron para comer en algún momento de ese año.
El tiro de gracia de agosto
Tras la devaluación posPASO, con “el aumento de los alimentos la cosa se ha desacomodado mal, y se ve más gente en comedores comunitarios y más chicos en los escolares”, señala el ex viceministro nacional y ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, quien es taxativo como lo han sido los obispos: “Creo que es muy necesario decretar la emergencia alimentaria”, enfatiza.
El 2° candidato a diputado nacional de Consenso Federal por la provincia de Buenos Aires y ex jefe de Gabinete en La Matanza, Alejandro “Topo” Rodríguez, le añadió una cuota mayor de dramatismo que tiene que ver con el abastecimiento: “El gobierno tiene que saber que hoy hay serias dificultades en la oferta alimentaria; no se entrega harina, no se entrega aceite, no se entregan insumos en los hospitales porque sus precios están en dólares”.
La exhortación de la comisión episcopal puso de relieve la urgente necesidad de “aumentar el presupuesto para los comedores y las escuelas, las huertas comunitarias y familiares y las empresas agrícolas familiares y sociales, garantizando al mismo tiempo la equidad y la calidad federal de los servicios de atención alimentaria y nutricional”, ya que “!a pobreza afecta al 51,7% de los niños y adolescentes en el país”.
Si la idea era aliviar el bolsillo de los pobre con la eliminación del IVA a un grupo de productos esenciales de la canasta alimentaria, se quedó por el camino, al igual que los precios congelados pactados con los supermercados.
De clase media baja para arriba, Kantar había detectado que en 7 de cada 10 hogares argentinos la situación económica del país había afectado su forma de alimentación, pero podía acceder al sistema de precios esenciales congelados, ofertas y promociones con tarjetas de crédito de las cadenas comerciales.
En la clase media, la problemática de la alimentación viró hacia la calidad antes que a las carencias más elementales y preocupó en un 29% de los hogares, que optaron por comer menos o modificar la composición del menú antes de resignar marcas reconocidas.
En cambio, al no estar bancarizada, la población más vulnerable quedó marginada pese a que sus necesidades son más acuciantes –según publica Urgente 24-.