El domingo próximo, el presidente Alberto Fernández hablará por segunda vez ante la Asamblea Legislativa. Ratificará rumbo y medidas, hará un repaso de la gestión que lleva menos de tres meses, remarcará la magnitud del descalabro dejado por el ex presidente Mauricio Macri. Anunciará proyectos de ley (varios anticipados en el día de la jura) y subrayará los avances referidos a la renegociación de la deuda externa.

El mandatario comenzará a redactar el borrador mañana, los ministerios (es habitual) le hacen llegar informes y sugerencias.

Para el período ordinario de Sesiones, el Ejecutivo impulsará las siguientes leyes.

· Reforma judicial.

· Creación de un Consejo para la Calidad Institucional del Poder Judicial.

· Consejo Económico Social.

· Aborto libre, legal y gratuito.

Se anticipan conflictos referidos a la interrupción del embarazo.

Otras iniciativas del Gobierno levantarán vientos de fronda: el aumento de las retenciones a la soja y la ley que reforma a la baja las jubilaciones de privilegio que ya se está tratando.

El paquete de normas que propondrá el mandatario no contiene leyes mordaza o restrictivas de libertad de prensa.

Tampoco un proyecto para sancionar el negacionismo del terrorismo de Estado. Fernández dijo en París que estudiaría dicha idea pero la desechó para prevenir acechanzas contra la libertad de expresión.

Lo actual y lo posible

Los primeros resultados del Plan contra el Hambre entusiasman al Presidente que maneja al dedillo los datos de Concordia, la ciudad entrerriana en la que primero se aplicó. Miles de tarjetas usadas sabiamente por las jefas de familia se traducen en consumo local, ganancias para pequeños comercios, mejoras palpables en la alimentación de los pibes.

En otra provincia, Santa Fe, el gobernador Omar Perotti se entusiasma, refiere el presidente, con el dinamismo impreso por el nuevo derecho social. Los dos ejemplos, desde ya, son micro. Para que pudieran potenciarse será necesario aliviar a la Argentina de los pagos de deuda externa en los próximos años. Miles de millones de dólares que reactivarían en el corto plazo, durante los seis-siete-ocho últimos meses de 2020. “Obra pública, el Plan de Viviendas que está atrasado” proyecta Fernández. Actividades clásicas, mano de obra intensivas, para masas de trabajadores desocupados o que changuean hoy en día. “Keynes corazón”, cantaría la hinchada aunque es consabido que dichos resurgimientos no serán suficientes. Habrá que promover subsidios o incentivos que permitan el nacimiento de industrias con potencial exportador o la resurrección de la capacidad ociosa tras el industricidio macrista.

La clave, la cifra propondría Jorge Luis Borges, es conseguir reducción y aplazamiento de la deuda externa en manos de privados y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El comunicado del Fondo dibujó sonrisas aunque no euforia en la Casa Rosada. Cuando recaló en ella, Fernández insistía con la imagen del micro que se encaminaba al precipicio. “En diciembre el default era la posibilidad mayor. Ahora cobra fuerza la perspectiva de la renegociación razonable”. Firmar un acuerdo ruinoso, lleno de condicionalidades ajustadoras queda fuera del radar del oficialismo. “Jamás firmaremos un Megacanje II” cantan en canon en torno del Presidente o del ministro de Economía Martín Guzmán.

Fernández interpreta que el bondi frenó su marcha suicida pero sin pegar un giro de 180 grados. Propone otra comparación sobre una idea-fuerza heredada del presidente Néstor Kirchner. Alberto F se volvió devoto de los equilibrios fiscales, anche del superávit, y adversario de la emisión monetaria incontrolada. “Son como una adicción. Se empieza probando, tal vez con resultados gratos o inocuos. Luego se tornan imparables, nocivas”. Crecer para pagar sigue siendo la consigna pero con cuidado para no drogarse.

El mandatario ensaya un rizo sugestivo: “Si hay equilibrios, mayor recaudación y se incrementan las reservas hasta se podría ampliar la emisión, con respaldo suficiente”.

Hay que proteger a los que menos tienen… la contracara dialéctica es que los más ricos deben tributar más. Objetivo que se bifurca en dos movidas que generan oposición furibunda. Suba de retenciones y modificación de los privilegios jubilatorios de jueces y fiscales. Bramarán las corporaciones respectivas, el Gobierno está dispuesto a afrontar el chubasco.

El fantasma de la 125

En el recinto o pocos días después se publicitará la elevación de tres puntos para las retenciones a la soja y al aceite de soja, conforme la facultad que le delegó el Congreso. La Sociedad Rural y Carbap, está en el inventario, pondrán el grito en el cielo y en los grandes medios.

Curtido en el conflicto por las retenciones móviles, el Presidente enumera qué productos abonarán menos retenciones, suponiendo un mapa político y regional heterogéneo. “Se verán beneficiados, por ejemplo, el trigo, el maíz, la alfalfa, los cultivos de economías regionales”. La asimetría, entiende y activa el Gobierno, dividirá a las corporaciones del “campo”. Los asociados y dirigentes de la Federación Agraria y de Coninagro acompañarán la política sectorial.

La recaudación mejorará, el modo genuino de mejorar sin recortar inversión social.

Jueces al borde de un ataque de nervios

Las lacrimógenas e insolidarias declaraciones de jueces que ganan fortunas, se jubilan con un régimen de magnates y eluden el impuesto a las ganancias no disuaden al presidente. Las reformas a las jubilaciones de privilegio, evoca, estaban contenidas en el proyecto original de cambio en el sistema previsional. Se sacaron a último momento, por consideraciones técnicas. La oposición denunció la inequidad que ahora tutela con argumentos fariseos.

¿Vale la pena insistir, promoviendo un entredicho formidable? La pregunta rondó al propio oficialismo. La magnitud de los privilegios, el valor fastuoso de las jubilaciones que se pagan en gran medida del presupuesto nacional persuadieron al Presidente para avanzar. Será ley muy pronto, posiblemente. En las sesiones ordinarias llegará el turno del demorado…

Consejo Económico Social

Fernández esperó al ex ministro Roberto Lavagna (alias Godot) a quien veía como la figura ideal para presidir el Consejo Económico Social (CES). Conversan a menudo, Lavagna da buenos consejos, disiente a veces, como cuando cuestionó la política internacional iniciática, a su ver muy sesgada hacia Venezuela y Bolivia. “Pero me felicitó después de la gira por Europa”, matiza Fernández como elogio. De igual modo, analiza un argumento del ex ministro de Economía para rehusar el cargo: “Piensa que cualquier comentario crítico sería traducido como un reproche o competencia con Guzmán. Por eso aconseja buscar a un no economista”. Fuera cual fuera la experticia del virtual funcionario, Fernández confiesa no dar con la persona indicada. Alguien con prestigio ampliamente reconocido, peso específico, cintura política. El sistema político argentino, híper competitivo y despiadado (añade este cronista) acicatea el canibalismo entre protagonistas. De cualquier forma se irá avanzando, porque cayeron en saco roto los paliques entre Fernández-Lavagna o los sondeos que hicieron altos funcionarios del área económica con los integrantes del heterogéneo bloque de diputados que responde al ex ministro. No hay modo, se resignan todes.

“El ministro de Trabajo Claudio Moroni habla con los sindicalistas, el de Producción Matías Kulfas con los empresarios, se está preparando un documento” describen en los pisos altos de Hacienda. En Ordinarias se tratará el proyecto mientras se discierne quién se pone el traje de Godot.

AF está conforme con la dirigencia sindical, que acompaña al oficialismo. Nota templanza en los reclamos. Calcula que la Paritaria Nacional Docente llegará a buen puerto y que las clases empezarán en fecha en todas las provincias. Tal vez Chubut sea la más comprometida. Información de funcionarios de otras áreas de gobierno y de gremialistas agrega que los acuerdos no serán anuales, sino pagos por suma fija revisables dentro de unos meses.

Otros derechos también existen

El Presidente porotea con atención y tal vez con voluntarismo los votos en el Senado para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Calcula que alcanzarán. La propuesta vendrá en combo con una norma de protección a mujeres vulnerables en riesgo o a madres con dificultades. La idea es morigerar las reacciones de la Jerarquía de la Iglesia Católica… difícil que el chancho chifle.

La Reforma Judicial cuya concreción tardó más de lo previsto se conoce a grandes trazos. Concierne al Código Procesal Penal, al sistema acusatorio. Y, de modo más vasto, al Fuero Federal. Las lacras y anomalías de los Tribunales tienen su epicentro en Comodoro Py pero no se circunscriben a ese famoso antro. Un nuevo proyecto atiende a esa falencia. Toma como inspiración el Consejo para la Consolidación de la Democracia, creado por el presidente Raúl Alfonsín, asidua referencia para Alberto Fernández. Se llamará Consejo para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial (u otro nombre cacofónico similar), los conformarán juristas de reconocida reputación y surtidas filiaciones políticas. La ambición, como en el CES, es articular un ámbito de debate y formulación de propuestas no vinculantes. Los nombres del elenco se barajan sin estrépito. León Arslanián, acaso Federico Pinedo, abogados radicales, que abundan.

El presidente despotrica contra abusos cotidianos de los Tribunales. Por ejemplo contra el pésimo uso que hace la Corte Suprema del recurso extraordinario. Habilita demasiados, rechaza un montón sin dar fundamento alguno. O los deniega cuando entiende que el futuro trámite del expediente puede sanear una injusticia de origen. La consecuencia: cientos de causas “nacen” enfermas de nulidad y tramitan durante años para recién al final sanear el vicio. La cuestión, tan grave como muy técnica, es densa para simplificar. La nombramos acá, dejamos explicaciones para columnas futuras.

En todo caso se instalan dos instituciones novedosas, abiertas al intercambio y las polémicas públicas, un aporte interesante para una sociedad cuyas discusiones saben parecerse al estudio de Intratables o a tantos programas de chimentos.

Seis meses para reparar

AF insistió en que la revisión del cuadro tarifario de servicios públicos subsistirá durante seis meses sin aumentos en ese lapso. Otro alivio para el bolsillo de los ciudadanos-usuarios.

La ley jubilatoria que determinará una nueva fórmula de actualización de haberes insumirá el mismo lapso, prefijado a fines de 2019. En el ínterin crecerá la judicialización de los aumentos concedidos por decreto, entre ellos, el reclamo planteado por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, en representación de jubilados de bajos ingresos. Dicho reclamo, entiende este escriba, tiene mayor sustento legal y ético que las demandas inminentes de jueces opulentos que abusarán de la condición de local.

El Gobierno necesita tiempo para cumplir sus promesas, discurre atendiblemente Fernández que valora la paciencia social mientras mide minuto a minuto los vaivenes de los precios. Quienes conversan un rato con él (quien firma esta nota pudo hacerlo en la semana que hoy termina) perciben una interesante mezcla de calma, preocupación y un compromiso con lo público bien distinto al de Macri.

En menos de un trimestre el presidente disipó las dudas acerca del doble comando para una carrada de interlocutores nacionales e internacionales. Sostiene un estilo calmo y coloquial, accede a requisitoria de periodistas como ningún otro primer mandatario desde 1983. Los avances con el FMI lo estimulan, los apoyos ciudadanos lo entusiasman. Sabe que falta mucho para conocer el desenlace de las tratativas con los bonistas privados. Los lobos y los buitres de Wall Street, tienta apodarlos, aunque uno cree que esos motes son injustos con los animales y demasiado piadosos con los ases del sistema financiero global.